DISCRIMINACION ETNICA Y CULTURAL
Algunas razones para meditar
Isabel Hernández[1]
I. Introducción
El etnocentrismo es un fenómeno
social ancestral, activador de conductas xenofóbicas, prejuiciosas y
descalificadoras del “otro” (extranjero, ajeno, diferente). Paradójicamente,
garantizar el reconocimiento de ese “otro”, es imprescindible para la
consolidación de las identidades, en todo modelo auténtico de democracia.
América Latina y el Caribe
es una de las Regiones que aún no ha consolidado los suficientes ámbitos
sociales de crítica, de esclarecimiento o espacios para expresiones
reivindicativas etnoculturales, que permitan reconocer la raíz conflictiva que
sustentan las relaciones interétnicas e interculturales. Ámbitos que podrían
develar la razón de ser de los conflictos e incluso abrir caminos para su
superación, en lugar de esconderlos y apelar a los supuestos beneficios del
olvido, la negación o la proliferación de meras verbalizaciones de tolerancia,
siempre útiles, pero no suficientes.
Las contradicciones entre
la sociedad “legal” y la sociedad “real” son propias de la constitución
de los estados modernos. En la
medida que subsista la marginación socio-económica y política de amplios
sectores étnicamente discriminados de la Región (los indígenas, los
afrolatinos y afrocaribeños), la legislación vigente en materia de integración
igualitaria, no será más que uno de los tantos elementos emergentes de estas
contradicciones. Por un lado, la igualdad de derecho frente a la desigualdad de
facto, fortalece la discriminación velada en el seno de la sociedad y, por otro,
suele inhibir y desmovilizar a los grupos directamente afectados.
A comienzos del Siglo XIX,
y a medida que se consolidaba el poder de los nuevos estados latinoamericanos,
diversas disposiciones legales transformaron en ciudadanos “con igualdad de
derechos” a los indígenas de nuestra América. En algunos casos, estas
disposiciones reiteraban anteriores Cédulas Reales correspondientes al período
colonial[2].
Se hacía explícita de
esta manera la voluntad de integrar en ”igualdad de condiciones” a pueblos
“desiguales”, equiparando formalmente
entidades étnicas diferenciadas y antagónicas. Mientras las sociedades
nacionales, por un lado, daban prueba de sus
avanzados ideales de igualdad y democracia heredados de la Revolución Francesa,
por otro, inmovilizaban al indígena calificando de “injustificado” todo
acto de protesta o de justa rebeldía.
Una prueba de ello lo
constituyó la controvertida e inequitativa asignación de suelo comunitario,
problema aún no resuelto. Las legislaciones de corte liberal, en la mayoría de los casos, negaron el acceso a los regímenes
colectivos de propiedad de la tierra, despojando así a los indígenas de su
tradicional organización productiva y ligándolos al
latifundio, en condiciones de semi-servidumbre. Más tarde, en muchos casos, las
reformas agrarias los arrinconaron en áreas desérticas o erosionadas, condenándolos
a la improductividad del minifundio.
Algunos de estos
antecedentes de nuestra historia, explican, en parte, el nacimiento de las
referidas contradicciones actuales:
·
por un lado, los gobiernos latinoamericanos (apoyados en valiosas
declaraciones de los últimos foros mundiales) reconocen jurídicamente igualdad
de derechos para todos y cada uno de sus miembros. Hacen explícito y enfatizan,
incluso, que esta igualdad alcanza a los integrantes de las razas y las etnias
históricamente discriminadas, y
·
por otra parte, las sociedades de hecho (sus gobiernos y su civilidad) en
el ejercicio de sus prácticas cotidianas y sus conductas rutinarias, propician
un trato desigual y condenatorio a los integrantes de las etnias y las culturas
socialmente descalificadas.
Es obvio que en múltiples
prácticas sociales se evidencia tanto el racismo, como la discriminación étnica
y cultural, la xenofobia y sus formas conexas de intolerancia. Son conductas que
perduran y se agudizan hoy, en América
Latina y el Caribe. Se trata de fenómenos
que parten de conductas etnocéntricas, universales y de larga data.
Se profundizaron y “acriollaron” en nuestra Región como justificación
histórica del genocidio de la Conquista. Se expandieron durante la Colonia y la
República y actualmente subsisten, como necesidad de legitimar la
marginación económica presente.
Como afirman Berger y
Luckman en “La construcción social de la realidad” (Amorrortu, 1998):
“dos sociedades que se enfrentan y cada una de las cuales poseen universos en
conflictos, desarrollan mecanismos conceptuales destinados a mantener sus
respectivos universos. Sin embargo,
la cuestión de cual prevalecerá, depende más del poder que de la habilidad teórica…la
sociedad que tenga el palo más grande, tiene mayores posibilidades de imponer
sus definiciones”.
Históricamente, para todo
pueblo dominador, el pueblo dominado fue “bárbaro y hereje”, puesto que
necesitó desacreditarlo y degradarlo para justificar la imposición por la
fuerza de su propio sistema de vida, y defender de esta manera sus intereses
económicos. Así, mientras se comienza a discriminar porque se domina, luego se
continúa dominando porque se discrimina.
La exclusión económica de
los indígenas, afrolatinos, afrocaribeños y de otras colectividades
descalificadas, se basa en discriminaciones generales
o comunes a las que sufren todos los estratos empobrecidos del campo
y la ciudad. Pero, por pertenecer a una etnia y a una cultura diferente, por
responder a una historia distinta, se los perjudica con otro tipo de marginación:
con intolerancia y discriminaciones específicas,
basadas exclusivamente en su distinción racial, étnica o cultural.
Como describía
magistralmente Galindo, el novelista peruano, en ”Garabombo el invisible”:
Si un campesino pobre (un quechua
cuzqueño) se presenta en una oficina pública “mal vestido” y dice que no
sabe leer ni escribir, el funcionario no percibe los rasgos objetivos de su
pobreza extrema, estos rasgos
desaparecen como tales y pasan a constituirse en agravantes de una condición étnica
desvalorizada. O sea, en el caso de ‘ser considerado’ (es decir, si supera
su condición de “invisible” en la sala de espera) será tratado en términos
oprobiosos como “indio” (“distinto, sucio e ignorante”) y no con la
rutinaria displicencia menor, con la que se trata a un campesino pobre y
analfabeto.
La difusión social
permanente de un imaginario descalificador del “diferente”
impregna a todos los sectores de las sociedades nacionales. Actualmente,
los indígenas no sólo son discriminados por los sectores más beneficiados de
la sociedad (podría atribuirse a
una herencia ideólogica colonial) sino también por los miembros no-indígenas
de su propio sector social marginado. Ya sea porque el ciudadano pobre no-indígena,
encuentra (y prefiere encontrar) su
identificación cultural en el comportamiento social de los sectores hegemónicos
y privilegiados o, porque el
desprecio por el “otro” (el distinto, el diferente, el descalificado) hace
del ejercicio de la discriminación un reaseguro de la existencia de un grupo
“inferior” en la escala social, que le permite obtener beneficios
secundarios (ante posibles alianzas políticas o algunas instancias de acceso a
mayor participación social).
Frente a este escenario de
contradicciones de larga data y de reactivación
de descalificaciones mutuas,
debemos admitir que se arribará a resultados magros, si sólo se pretende
llevar a cabo acciones en el mero terreno jurídico, sin acceder a instancias
concretas de transformación en la sociedad de hecho.
Asimismo, se obtendra los
mismos magros resultados, si se pretende intervenir solamente en los grupos
sociales afectados por la discriminación,
sin desarrollar acciones tendientes a desarticular mecanismos de
prejuicio en los más amplios ámbitos y sectores de la sociedad.
La construcción de una ciudadanía moderna esta atravesada por las
tensiones entre el fortalecimiento de las identidades étnicas minoritarias y la
homogeneidad cultural que nos ofrecen los paradigmas de modernidad y
globalización en boga. Sin embargo, no hay nada más injusto que ofrecer un
tratamiento igualitario, a aquellos que registran necesidades diferentes. Por el
contrario, creemos que la resistencia ante este tipo de inequidades, pasa por
asumir el reto de conciliar las particularidades histórico-culturales de cada
pueblo, con la vocación universalista del desarrollo y la modernidad.
II. La desmovilización autodestructiva de las sociedades discriminadas
II.1. Los intentos de ‘asimilación’ del discriminado
Como consecuencia de una
descalificación permanente de sus pautas de conducta, de sus creencias, de las
expresiones de su propio lenguaje, el discriminado termina reconociéndose y
autodefiniéndose como tal. Llega a aceptar los términos de la degradación,
asume con naturalidad los adjetivos descalificadores que tradicionalmente le ha
atribuido y se desvaloriza.
Un comportamiento habitual
de los grupos étnicamente discriminados es internalizar las pautas
culturales del opositor étnico o racial, sobrevalorándolas e imitándolas
tanto como le sea permitido. Como lógica contrapartida, desvaloriza las propias
y acepta las justificaciones externas de descalificación de su propia etnia.
El primer intento del
discriminado es negar su pertenencia u origen racial y tratar de asimilarse a la
sociedad global, restándole significado a sus particularidades o diferencias.
En las sociedades más abiertas, se advierte en los jóvenes la aspiración
a los enlaces matrimoniales mixtos y al ocultamiento de rasgos distintivos (como
los cambios de nombres y apellidos).
Quienes transitan por este estadio
de conciencia asimilacionista, procuran asimismo acceder a posiciones
de clase más ventajosas, con suerte diversa, pero la comprobación empírica ha
demostrado que este intento de integrarse al grupo social y étnico hegemónico,
generalmente no los libera de su condición de discriminados.
Se trata de la adopción de
una máscara, que a veces ni siquiera
es advertida por la sociedad mayoritaria; en otras oportunidades es denunciada
por ella, y la mayoría de las veces es rechazada.
El enmascaramiento y el
proceso que desencadena, no son neutros para la construcción de la identidad
grupal de los discriminados; cada máscara la va cambiando en su esencia. Con el
correr del tiempo, la superposición de sucesivos enmascaramientos, impide que
se registren los mismos rasgos identificatorios y, entonces, estamos en
presencia de otro proceso de autoadscripción, manifestado a través de una
expresión distinta de la cultura. Esta nueva identidad da cuenta de lo perdido,
tanto como de lo conservado y de lo recientemente adquirido, pero nada en estos
complejos procesos, logra combatir la descalificación social.
Por esto, cuando a pesar de
los mencionados intentos, el discriminado se ve igualmente rechazado, como si
fuera portador de un estigma imborrable, su reacción se torna dañina contra sí
mismo y contra su propio pueblo. Reacciona negativametne contra su adscripción
etnocultural, la niega y la desvaloriza aún más. Es como el ejemplo que Fanon
atribuía al colonizado: “al levantar el cuchillo contra su propio hermano,
cree destruir de una vez y para siempre la imagen destestada del envilecimiento
compartido”.
A esta conciencia
asimilacionista y, hasta cierto punto, justificadora del comportamiento del
discriminador, se opone una reacción opuesta, dentro del grupo socialmente
degradado: La permanencia de las descalificaciones de su origen y su cultura,
hacen que el discriminado entre en conflicto, se rebele, enfrente al grupo étnico
antagónico, visualice como “enemigos” a todos sus miembros y arribe a un estadio de conciencia defensiva o de resistencia étnica.
Todo conflicto interétnico
genera un proceso de descalificaciones mutuas y de
simétrico antagonismo. Como respuesta al fenómeno discriminatorio, el
grupo afectado reacciona con simétrica irracionalidad, en cuanto a los
fundamentos de sus prejuicios.
Si para el criollaje los
indígenas son “flojos, ignorantes y borrachos”, estos términos peyorativos
y generalizables, se revierten y para la población indígena, los blancos o
criollo, son “ladrones, embusteros y violentos”. El pueblo mapuche llama al chileno “huinka”, término que
proviene del verbo en mapudungum “”huinkalf” (robar) por lo cual el
opositor étnico se perpetuo en el lenguaje, como el “ladrón”. Para el
wichi-mataco del Chaco, el correspondiente sustantivo es ”ahat” (demonio) y
así se podría continuar con múltiples ejemplos.
Conductas de esta
naturaleza, fortalecen el racismo y sus conflictos, desarrollan comportamientos
irreflexivos de enfrentamiento; transforman al “opositor étnico’’
invariablemente en “enemigo étnico” (incluso cuando se trata de miembros de
un sector social igualmente
marginado y empobrecido). Asimismo, estas conductas obstaculizan posibles
alianzas políticas dirigidas al acceso a una mayor participación económica y
social.
Los estadios de conciencia étnica asimilacionista y descalificadora de la propia
etnia, así como la resistencia étnica irreflexiva
e irrestricta (propia de una
conciencia defensiva) han contribuido históricamente a la permanencia del fenómeno
discriminatorio, del racismo y la intolerancia. Se han manifestado a lo largo
del tiempo, como caminos ineficaces en la búsqueda de una integración social
igualitaria a las sociedades nacionales latinoamericanas (en términos de acceso
de oportunidades y manteniendo la identidad y las particularidades culturales).
En
la medida que subsistan descalificaciones absolutas y apriorísticas, es
imposible que dos o más grupos sociales puedan encarar juntos la solución de
conflictos estructurales o aliarse para enfrentar antagonismos comunes o para
superar la pobreza y la exclusión política y social. Por el contrario,
tanto los intentos de asimilación como las conductas defensivas o de
resistencia, han conducido a los sectores discriminados a la vulnerabilidad, la
incapacidad de autorepresentación, la desmovilización o la autodestrucción.
En las últimas décadas,
hemos sido testigos de un proceso paulatino de una toma de conciencia sobre
estos procesos y sobre la necesidad de autoafirmación de la personalidad étnicamente
diferenciada de los pueblos discriminados. Se trata de intentos inacabados de
revitalizar las culturas marginadas, de dignificar la autoadscripción racial o
étnica y la identidad cultural de las minorías.
Estos intentos de reorientar
la conciencia de pertenencia a un grupo socialmente descalificado,
hacia una autoafirmación étnica y cultural como PUEBLO, encontrarán
alternativas de crecimiento y desarrollo, en la medida que las sociedades
latinoamericanas, paralelamente, se lo permitan. En la medida que las sociedades
mayoritarias de nuestra Región,
propicien avances en términos de pluralismo, de auténticas democracias y de
desarticulación de prejuicios ancestrales.
III. El Tercer Milenio y los Pueblos Indígenas de nuestra Región
Se profundiza la discriminación y aumenta el deterioro económico y
ambiental
En
los umbrales del nuevo siglo, el problema de la extrema pobreza y la integración
social continúa concentrando las preocupaciones de la mayoría de los gobiernos
de América Latina y el Caribe.
El
ajuste económico y la internacionalización de la economía, continúa
produciendo profundas reestructuraciones tecnológicas, políticas y
socio-culturales que agudizan las diferencias entre las subregiones y marginan a
amplios sectores de la población. El desarrollo desigual, en el largo plazo,
abre nuevas brechas de pobreza en el interior de cada organización social.
En
el marco de un modelo económico que produce situaciones recesivas recurrentes y
restricciones del mercado de empleo, se recrudecen las descalificaciones
prejuiciosas y aumenta la xenofobia frente a los grupos históricamente
discriminados (sean indígenas, afrolatinos o migrantes internacionales pobres).
Se exacerba la competencia frente a la reducción de las oportunidades de empleo
y las desiguales presiones sobre el mercado de trabajo se estratifican, con base
en discriminaciones de índole diversa (a veces, las conductas entocéntricas
logran primar y poner en un segundo plano las calificaciones profesionales).
Estos
fenómenos recientes (producto del paradigma de la globalización económica) se
suman a los procesos históricos de etnocentrismo y prejuicio cultural. En
especial, los procesos de estas características referidos a los pueblos indígenas,
son de larga data y tienen su origen en la Conquista y la Colonia; pero se
reproducen, se activan y potencian
ante cada nueva instancia de exclusión social y
marginación económica, como las que
el neoliberalismo y la globalización están produciendo en nuestra Región.
Paralelamente, en el plano exclusivamente cultural, la
difusión de una ideología-sostén de conceptos macroeconómicos globalizantes
propicia un proceso de “homogeneización” que intenta socavar la identidad
pluricultural de un continente que alberga (junto a numerosas otras
colectividades) a más de cuatrocientos pueblos indígenas. Pueblos que admiten
diferencias étnicas entre sí, que expresan una rica diversidad de
manifestaciones culturales y sobreviven en condiciones de marginalidad económica
y social.
Algunos
de estos pueblos originarios son de escasa significación numérica, muchos
otros en cambio, superan el cuarto
de millón y en algunos países se constituyen en la población mayoritaria a
nivel nacional. La población indígena total del continente se estima,
actualmente, en 43 millones de individuos.
Si bien, la situación de marginación y deterioro económico
de los pueblos indígenas coincide casi en mucho con la situación de pobreza
del conjunto de las economías campesinas, hay rasgos propios de su
autoadscripción étnica que producen los fenómenos sociales de perjuicio e
intolerancia y que agudizan su situación de pobreza extrema.
En las últimas décadas,
el proceso de desarrollo tecnológico evidenciado en algunos sectores de la
agricultura ha marginado, aún más, a los pueblos indígenas del circuito de la
producción. Entre los campesinos originarios, el tránsito de la economía
minifundista a una agricultura de alta productividad y autosostenibilidad, se ha
visto impedido por factores de escasez de tierras y desamparo crediticio y técnico.
El
deterioro ambiental se ha agudizado en muchas áreas geográficas de población
indígena, cuya sobrevivencia se
inscribe en la defensa de los recursos naturales renovables. La preocupante
situación de daño del medio-ambiente, da
cuenta de comportamientos culturales diversos (y muchas veces opuestos) que no sólo
conciernen al desarrollo económico, sino también
a la organización productiva, al
sistema alimenticio y el autocuidado de la salud.
Para la mayoria de los pueblos indígenas el territorio y sus recursos
naturales son ‘bienes de uso’ (se trata del habitat, del “espacio para la
vida” del pueblo) y no un ‘bien de cambio’ (racionalidad propia de una
empresa comercial de explotación extensiva).
Las causas del
recrudecimiento de la discriminación y el aumento del deteriorro ecónomico y
ambiental, no son atribuíbles, exclusivamente, al ostensible fenómeno social
del prejuicio étnico (esto sería una interpretación unilateral, una suerte de
determinismo histórico). La explicación no sólo reside en las relaciones de
desigualdad que se generan entre el centro y la periferia, entre el “atraso y
la modernización”. Es preciso centrar el nivel de análisis, también, en la
dinámica interna de los pueblos indígenas, sus liderazgos y sus comunidades.
En un contexto desfavorable
para la sobrevivencia económica familiar (en la medida que ella se base
exclusivamente en la producción agropecuaria), la
tierra, símbolo-sostén de la identidad,
se liga a cada joven que asume el mandato de sus antepasados, y continúa
trabajando la parcela de sus padres y de sus abuelos. Ellos son los elegidos
para mantener el “espacio para la vida", esa franja de tierra que ofrece
sentido de pertenencia étnica y a la que periódicamente vuelven también los
migrantes para mitigar, en parte, su involuntario desarraigo.
Estos jóvenes del campo y
la ciudad se están transformando en las nuevas generaciones de dirigentes,
en ellos encuentran expresión las conductas y los valores de una cultura
de enclave, donde conviven rasgos de una cosmovisión autóctona con un
imaginario social modernizante. Los conflictos entre los antiguos y nuevos
liderazgos no son pocos y se constituyen en una escisión comparable a la que en
forma exógena han producido, durante décadas, los partidos políticos o las
diversas iglesias y sectas religiosas, en todos los pueblos indígenas de
nuestra Región.
A veces, la persistencia de
las condiciones de pobreza extrema se explica, también, por el impacto que en
el largo plazo arroja el bajo grado de cohesión comunitaria, o por los múltiples
e inacabados intentos de asimilación a la sociedad envolvente. Otras veces,
esta persistencia se debe a una consciente voluntad política de negarse a una
mayor participación, por el temor a perder la esencia de las particularidades
étnicas y culturales (la participación social no es incompatible con la
autonomía).
Todos
estos fenómenos, de naturaleza opuesta, son el producto de la misma imperiosa
necesidad de sobrevivir. Sobrevivir ‘como pueblo’ implica desarrollo económico
autogestionado y pleno ejercicio de la propia identidad y de la autonomía
cultural, sin temores a discriminaciones ni descalificaciones fundadas en el
mero hecho de la ‘diferencia’.
IV. Estrategia Regional-Integral de Disminución del Prejuicio Étnico y
la Discriminación Cultural
Los gobiernos de la Región,
los formadores de la opinión pública, el sistema político y amplios
sectores de la sociedad civil, continúan expresando sus preocupaciones por la
necesidad de combatir las consecuencias negativas del la
Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico en América Latina y el
Caribe. Por esta razón, todas las Estrategias de Lucha contra la Pobreza, se
plantean en el marco de ’un discurso’ de respeto por la
identidad étnica y la
idiosincrasia cultural.
A su vez, y luego de analizar las tendencias sociales y económicas
del inicio de este nuevo Milenio para América Latina y el Caribe, resulta difícil
imaginar futuros escenarios de sobrevivencia próspera, equitativa,
autosostenible, con sustentabilidad ambiental y a la vez, respetuosa de la
identidad y la cultura de los pueblos indígenas. Por eso, es necesario e
imperioso visualizar acciones
sociales, de carácter complementario a las tendencias
del modelo económico vigente.
Pese a las claras tendencias globales en materia de
homogeneización cultural, permanentemente surgen, en cada contexto nacional
latinoamericano, intentos de superar el desafío. Muchos de estos intentos se
ofrecen en el contexto de los pueblos indígenas: Si se adoptan las nuevas
tecnologías productivas, se lo hace junto a una revalorización de las
idiosincrásicas. Se reproducen procesos autónomos de organización
comunitaria. Se desarrollan nuevos estadios de conciencia étnica que superan
los viejos mecanismos ocultos de resistencia autodestructiva, y todo
ello, muchas veces redunda en mejores réditos económicos.
La
sociedad política y la sociedad civil, no-indígenas, pueden apoyar estos
procesos. Es preciso hacerlo en forma integral y coordinada, intentando reunir
los esfuerzos gubernamentales, junto a la comunidad internacional, a las
organizaciones no-gubernamentales y las asociaciones de la sociedad civil.
Esta suma de esfuerzos, liderada por las organizaciones indígenas (o, en
coordinación con ellas, según los diversos contextos nacionales) podría
conducir a la implementación de una Estrategia
Integral para la Disminución de la Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico
en América Latina y el Caribe. Esta Estrategia
consensuada, se debería basar en orientaciones de carácter general que
contemplen:
* El de autodeterminación (como accionar de una comunidad en el proceso
de constituirse en sujeto de su propio desarrollo) y
* El de la autogestión (como instrumento de injerencia y aprendizaje de
dicho accionar frente a los quehaceres concretos de la producción, el
medio-ambiente, la salud, la
educación y la cultura).
Una Estrategia Regional e Integral
de esta naturaleza, deberá inscribirse en un diseño de políticas públicas
que se defina como un proceso de largo plazo,
y que contemple etapas a transitar. Estas fases o etapas se visualizan
como necesarias en el proceso de implementación de los diversos lineamientos
políticos orientados hacia la disminución de la Discriminación Cultural y
el Prejuicio Étnico. Serán de diversa temporalidad,
a veces simultáneas o complementarias, según las características económicas,
políticas y socioculturales de cada contexto nacional o subregional:
·
Revitalización de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas: Proceso en el que las sociedades nacionales y
sus políticas públicas pueden contribuir, abriendo cada vez más espacios
propicios para el desarrollo de las organizaciones étnicas, como actores
sociales protagonistas de su propio desarrollo económico, social y cultural.
·
Una toma de decisiones de política comunicacional destinada a la
disminución del prejuicio étnico y la discriminación cultural, de gran
impacto en los medios de comunicación masivos: El
prejuicio y la discriminación son fenómenos sociales experimentados, en forma
masiva y constante, por miles de hombres y mujeres excluidos de una participación
social y política plena. Son fenómenos provocados por conductas cotidianas de
intolerancia, que a diario se expresan en los más amplios medios de comunicación,
porque los formadores de opinión recrean prototipos aracicos de interpretación
de las relaciones interculturales y su acontecer rutinario.
Por eso esta fase o etapa de la Estrategia
Integral abre un largo y dificultoso proceso que apunta al imaginario social
valórico de la población no-indígena, el que sólo se logrará llevar a cabo
en la medida que exista un compromiso de pluralismo y tolerancia por parte de la
clase política y de la sociedad civil en su conjunto.
·
Destierro de los mecanismos
de defensa, irreflexivos e irrestrictos, hacia los valores y conductas de los
pueblos históricamente discriminados: Como
es propio de toda organización social, las comunidades indígenas practican
costumbres, creencias y normas de vida que impactan su accionar cotidiano
y que no necesariamente benefician su sobrevivencia, ni deben ser admitidas o
reivindicadas por el sólo hecho de ser propias de los pueblos indígenas. Será
necesario propiciar instancias múltiples y permanentes de autocrítica,
lideradas por las organizaciones y comunidades indígenas,
en constante diálogo, negociación
o consenso con la sociedad civil no-indígena (sobre todo, a nivel local).
·
Autoafirmación
de la personalidad étnica y cultural diferenciada de los pueblos indígenas, en
un contexto económico de autogestión y en un escenario cultural de autonomía:
Deberán diseñarse nuevas políticas públicas de regulación económica y
protección del patrimonio cultural y ambiental, a nivel local y central,
a través de la implementación de programas sociales y comunicacionales
específicos. Estos programas estarán orientados a la generalización de la
convivencia cultural igualitaria (equitativa en igualdad de oportunidades) de
las sociedades indígenas y no-indígenas. La sociedad civil no-indígena también
es víctima del ejercicio histórico de la
discriminación, ya que se priva a sí misma de una convivencia
enriquecedora entre una y otra sociedad. Este ‘pre-juicio’ de descalificar
‘a piori’ la riqueza de la diversidad cultural,
priva a latinoamericanos y caribeños del goce de las expresiones más valiosas
del pluriculturalismo indígenas de nuestra Región. En el fondo, ha limitado y
sigue limitando la definitiva construcción de nuestra distintiva
identidad.
DISCRIMINACION
ETNICA Y CULTURAL
Algunas
razones para meditar
ISABEL HERNANDEZ[4]
I. Introducción
El etnocentrismo es un fenómeno
social ancestral, activador de conductas xenofóbicas, prejuiciosas y
descalificadoras del “otro” (extranjero, ajeno, diferente). Paradójicamente,
garantizar el reconocimiento de ese “otro”, es imprescindible para la
consolidación de las identidades, en todo modelo auténtico de democracia.
América Latina y el Caribe
es una de las Regiones que aún no ha consolidado los suficientes ámbitos
sociales de crítica, de esclarecimiento o espacios para expresiones
reivindicativas etnoculturales, que permitan reconocer la raíz conflictiva que
sustentan las relaciones interétnicas e interculturales. Ámbitos que podrían
develar la razón de ser de los conflictos e incluso abrir caminos para su
superación, en lugar de esconderlos y apelar a los supuestos beneficios del
olvido, la negación o la proliferación de meras verbalizaciones de tolerancia,
siempre útiles, pero no suficientes.
Las contradicciones entre
la sociedad “legal” y la sociedad “real” son propias de la constitución
de los estados modernos. En la
medida que subsista la marginación socio-económica y política de amplios
sectores étnicamente discriminados de la Región (los indígenas, los
afrolatinos y afrocaribeños), la legislación vigente en materia de integración
igualitaria, no será más que uno de los tantos elementos emergentes de estas
contradicciones. Por un lado, la igualdad de derecho frente a la desigualdad de
facto, fortalece la discriminación velada en el seno de la sociedad y, por
otro, suele inhibir y desmovilizar a los grupos directamente afectados.
A comienzos del Siglo XIX,
y a medida que se consolidaba el poder de los nuevos estados latinoamericanos,
diversas disposiciones legales transformaron en ciudadanos “con igualdad de
derechos” a los indígenas de nuestra América. En algunos casos, estas
disposiciones reiteraban anteriores Cédulas Reales correspondientes al período
colonial[5].
Se hacía explícita de
esta manera la voluntad de integrar en ”igualdad de condiciones” a pueblos
“desiguales”, equiparando formalmente
entidades étnicas diferenciadas y antagónicas. Mientras las sociedades
nacionales, por un lado, daban prueba de sus
avanzados ideales de igualdad y democracia heredados de la Revolución Francesa,
por otro, inmovilizaban al indígena calificando de “injustificado” todo
acto de protesta o de justa rebeldía.
Una prueba de ello lo
constituyó la controvertida e inequitativa asignación de suelo comunitario,
problema aún no resuelto. Las legislaciones de corte liberal, en la mayoría de los casos, negaron el acceso a los regímenes
colectivos de propiedad de la tierra, despojando así a los indígenas de su
tradicional organización productiva y ligándolos
al latifundio, en condiciones de semi-servidumbre. Más tarde, en muchos
casos, las reformas agrarias los arrinconaron en áreas desérticas o
erosionadas, condenándolos a la improductividad del minifundio.
Algunos de estos
antecedentes de nuestra historia, explican, en parte, el nacimiento de las
referidas contradicciones actuales:
·
por un lado, los gobiernos latinoamericanos (apoyados en valiosas
declaraciones de los últimos foros mundiales) reconocen jurídicamente igualdad
de derechos para todos y cada uno de sus miembros. Hacen explícito y enfatizan,
incluso, que esta igualdad alcanza a los integrantes de las razas y las etnias
históricamente discriminadas, y
·
por otra parte, las sociedades de hecho (sus gobiernos y su civilidad) en
el ejercicio de sus prácticas cotidianas y sus conductas rutinarias, propician
un trato desigual y condenatorio a los integrantes de las etnias y las culturas
socialmente descalificadas.
Es obvio que en múltiples
prácticas sociales se evidencia tanto el racismo, como la discriminación étnica
y cultural, la xenofobia y sus formas conexas de intolerancia. Son conductas que
perduran y se agudizan hoy, en América
Latina y el Caribe. Se trata de fenómenos
que parten de conductas etnocéntricas, universales y de larga data.
Se profundizaron y “acriollaron” en nuestra Región como justificación
histórica del genocidio de la Conquista. Se expandieron durante la Colonia y la
República y actualmente subsisten, como necesidad de legitimar la
marginación económica presente.
Como afirman Berger y
Luckman en “La construcción social de la realidad” (Amorrortu, 1998):
“dos sociedades que se enfrentan y cada una de las cuales poseen universos en
conflictos, desarrollan mecanismos conceptuales destinados a mantener sus
respectivos universos. Sin embargo,
la cuestión de cual prevalecerá, depende más del poder que de la habilidad teórica…la
sociedad que tenga el palo más grande, tiene mayores posibilidades de imponer
sus definiciones”.
Históricamente, para todo
pueblo dominador, el pueblo dominado fue “bárbaro y hereje”, puesto que
necesitó desacreditarlo y degradarlo para justificar la imposición por la
fuerza de su propio sistema de vida, y defender de esta manera sus intereses
económicos. Así, mientras se comienza a discriminar porque se domina, luego se
continúa dominando porque se discrimina.
La exclusión económica de
los indígenas, afrolatinos, afrocaribeños y de otras colectividades
descalificadas, se basa en discriminaciones generales
o comunes a las que sufren todos los estratos empobrecidos del campo
y la ciudad. Pero, por pertenecer a una etnia y a una cultura diferente, por
responder a una historia distinta, se los perjudica con otro tipo de marginación:
con intolerancia y discriminaciones específicas,
basadas exclusivamente en su distinción racial, étnica o cultural.
Como describía
magistralmente Galindo, el novelista peruano, en ”Garabombo el invisible”:
Si un campesino pobre (un quechua
cuzqueño) se presenta en una oficina pública “mal vestido” y dice que no
sabe leer ni escribir, el funcionario no percibe los rasgos objetivos de su
pobreza extrema, estos rasgos
desaparecen como tales y pasan a constituirse en agravantes de una condición étnica
desvalorizada. O sea, en el caso de ‘ser considerado’ (es decir, si supera
su condición de “invisible” en la sala de espera) será tratado en términos
oprobiosos como “indio” (“distinto, sucio e ignorante”) y no con la
rutinaria displicencia menor, con la que se trata a un campesino pobre y
analfabeto.
La difusión social
permanente de un imaginario descalificador del “diferente”
impregna a todos los sectores de las sociedades nacionales. Actualmente,
los indígenas no sólo son discriminados por los sectores más beneficiados de
la sociedad (podría atribuirse a
una herencia ideólogica colonial) sino también por los miembros no-indígenas
de su propio sector social marginado. Ya sea porque el ciudadano pobre no-indígena,
encuentra (y prefiere encontrar) su
identificación cultural en el comportamiento social de los sectores hegemónicos
y privilegiados o, porque el
desprecio por el “otro” (el distinto, el diferente, el descalificado) hace
del ejercicio de la discriminación un reaseguro de la existencia de un grupo
“inferior” en la escala social, que le permite obtener beneficios
secundarios (ante posibles alianzas políticas o algunas instancias de acceso a
mayor participación social).
Frente a este escenario de
contradicciones de larga data y de reactivación
de descalificaciones mutuas,
debemos admitir que se arribará a resultados magros, si sólo se pretende
llevar a cabo acciones en el mero terreno jurídico, sin acceder a instancias
concretas de transformación en la sociedad de hecho.
Asimismo, se obtendra los
mismos magros resultados, si se pretende intervenir solamente en los grupos
sociales afectados por la discriminación,
sin desarrollar acciones tendientes a desarticular mecanismos de
prejuicio en los más amplios ámbitos y sectores de la sociedad.
La construcción de una ciudadanía moderna esta atravesada por las
tensiones entre el fortalecimiento de las identidades étnicas minoritarias y la
homogeneidad cultural que nos ofrecen los paradigmas de modernidad y
globalización en boga. Sin embargo, no hay nada más injusto que ofrecer un
tratamiento igualitario, a aquellos que registran necesidades diferentes. Por el
contrario, creemos que la resistencia ante este tipo de inequidades, pasa por
asumir el reto de conciliar las particularidades histórico-culturales de cada
pueblo, con la vocación universalista del desarrollo y la modernidad.
II. La desmovilización autodestructiva de las sociedades discriminadas
II.1. Los intentos de ‘asimilación’ del discriminado
Como consecuencia de una
descalificación permanente de sus pautas de conducta, de sus creencias, de las
expresiones de su propio lenguaje, el discriminado termina reconociéndose y
autodefiniéndose como tal. Llega a aceptar los términos de la degradación,
asume con naturalidad los adjetivos descalificadores que tradicionalmente le ha
atribuido y se desvaloriza.
Un comportamiento habitual
de los grupos étnicamente discriminados es internalizar las pautas
culturales del opositor étnico o racial, sobrevalorándolas e imitándolas
tanto como le sea permitido. Como lógica contrapartida, desvaloriza las propias
y acepta las justificaciones externas de descalificación de su propia etnia.
El primer intento del
discriminado es negar su pertenencia u origen racial y tratar de asimilarse a la
sociedad global, restándole significado a sus particularidades o diferencias.
En las sociedades más abiertas, se advierte en los jóvenes la aspiración
a los enlaces matrimoniales mixtos y al ocultamiento de rasgos distintivos (como
los cambios de nombres y apellidos).
Quienes transitan por este estadio
de conciencia asimilacionista, procuran asimismo acceder a posiciones
de clase más ventajosas, con suerte diversa, pero la comprobación empírica ha
demostrado que este intento de integrarse al grupo social y étnico hegemónico,
generalmente no los libera de su condición de discriminados.
Se trata de la adopción de
una máscara, que a veces ni siquiera
es advertida por la sociedad mayoritaria; en otras oportunidades es denunciada
por ella, y la mayoría de las veces es rechazada.
El enmascaramiento y el
proceso que desencadena, no son neutros para la construcción de la identidad
grupal de los discriminados; cada máscara la va cambiando en su esencia. Con el
correr del tiempo, la superposición de sucesivos enmascaramientos, impide que
se registren los mismos rasgos identificatorios y, entonces, estamos en
presencia de otro proceso de autoadscripción, manifestado a través de una
expresión distinta de la cultura. Esta nueva identidad da cuenta de lo perdido,
tanto como de lo conservado y de lo recientemente adquirido, pero nada en estos
complejos procesos, logra combatir la descalificación social.
Por esto, cuando a pesar de
los mencionados intentos, el discriminado se ve igualmente rechazado, como si
fuera portador de un estigma imborrable, su reacción se torna dañina contra sí
mismo y contra su propio pueblo. Reacciona negativametne contra su adscripción
etnocultural, la niega y la desvaloriza aún más. Es como el ejemplo que Fanon
atribuía al colonizado: “al levantar el cuchillo contra su propio hermano,
cree destruir de una vez y para siempre la imagen destestada del envilecimiento
compartido”.
A esta conciencia
asimilacionista y, hasta cierto punto, justificadora del comportamiento del
discriminador, se opone una reacción opuesta, dentro del grupo socialmente
degradado: La permanencia de las descalificaciones de su origen y su cultura,
hacen que el discriminado entre en conflicto, se rebele, enfrente al grupo étnico
antagónico, visualice como “enemigos” a todos sus miembros y arribe a un estadio
de conciencia defensiva o de resistencia étnica.
Todo conflicto interétnico
genera un proceso de descalificaciones mutuas y de
simétrico antagonismo. Como respuesta al fenómeno discriminatorio, el
grupo afectado reacciona con simétrica irracionalidad, en cuanto a los
fundamentos de sus prejuicios.
Si para el criollaje los
indígenas son “flojos, ignorantes y borrachos”, estos términos peyorativos
y generalizables, se revierten y para la población indígena, los blancos o
criollo, son “ladrones, embusteros y violentos”. El pueblo mapuche llama al chileno “huinka”, término que
proviene del verbo en mapudungum “”huinkalf” (robar) por lo cual el
opositor étnico se perpetuo en el lenguaje, como el “ladrón”. Para el
wichi-mataco del Chaco, el correspondiente sustantivo es ”ahat” (demonio) y
así se podría continuar con múltiples ejemplos.
Conductas de esta
naturaleza, fortalecen el racismo y sus conflictos, desarrollan comportamientos
irreflexivos de enfrentamiento; transforman al “opositor étnico’’
invariablemente en “enemigo étnico” (incluso cuando se trata de miembros de
un sector social igualmente
marginado y empobrecido). Asimismo, estas conductas obstaculizan posibles
alianzas políticas dirigidas al acceso a una mayor participación económica y
social.
Los estadios de conciencia étnica asimilacionista y descalificadora de la propia
etnia, así como la resistencia étnica irreflexiva
e irrestricta (propia de una
conciencia defensiva) han contribuido históricamente a la permanencia del fenómeno
discriminatorio, del racismo y la intolerancia. Se han manifestado a lo largo
del tiempo, como caminos ineficaces en la búsqueda de una integración social
igualitaria a las sociedades nacionales latinoamericanas (en términos de acceso
de oportunidades y manteniendo la identidad y las particularidades culturales).
En
la medida que subsistan descalificaciones absolutas y apriorísticas, es
imposible que dos o más grupos sociales puedan encarar juntos la solución de
conflictos estructurales o aliarse para enfrentar antagonismos comunes o para
superar la pobreza y la exclusión política y social. Por el contrario,
tanto los intentos de asimilación como las conductas defensivas o de
resistencia, han conducido a los sectores discriminados a la vulnerabilidad, la
incapacidad de autorepresentación, la desmovilización o la autodestrucción.
En las últimas décadas,
hemos sido testigos de un proceso paulatino de una toma de conciencia sobre
estos procesos y sobre la necesidad de autoafirmación de la personalidad étnicamente
diferenciada de los pueblos discriminados. Se trata de intentos inacabados de
revitalizar las culturas marginadas, de dignificar la autoadscripción racial o
étnica y la identidad cultural de las minorías.
Estos intentos de reorientar
la conciencia de pertenencia a un grupo socialmente descalificado,
hacia una autoafirmación étnica y cultural como PUEBLO, encontrarán
alternativas de crecimiento y desarrollo, en la medida que las sociedades
latinoamericanas, paralelamente, se lo permitan. En la medida que las sociedades
mayoritarias de nuestra Región,
propicien avances en términos de pluralismo, de auténticas democracias y de
desarticulación de prejuicios ancestrales.
III. El Tercer Milenio y los Pueblos Indígenas de nuestra Región
Se profundiza la discriminación y aumenta el deterioro económico y
ambiental
En
los umbrales del nuevo siglo, el problema de la extrema pobreza y la integración
social continúa concentrando las preocupaciones de la mayoría de los gobiernos
de América Latina y el Caribe.
El
ajuste económico y la internacionalización de la economía, continúa
produciendo profundas reestructuraciones tecnológicas, políticas y
socio-culturales que agudizan las diferencias entre las subregiones y marginan a
amplios sectores de la población. El desarrollo desigual, en el largo plazo,
abre nuevas brechas de pobreza en el interior de cada organización social.
En
el marco de un modelo económico que produce situaciones recesivas recurrentes y
restricciones del mercado de empleo, se recrudecen las descalificaciones
prejuiciosas y aumenta la xenofobia frente a los grupos históricamente
discriminados (sean indígenas, afrolatinos o migrantes internacionales pobres).
Se exacerba la competencia frente a la reducción de las oportunidades de empleo
y las desiguales presiones sobre el mercado de trabajo se estratifican, con base
en discriminaciones de índole diversa (a veces, las conductas entocéntricas
logran primar y poner en un segundo plano las calificaciones profesionales).
Estos
fenómenos recientes (producto del paradigma de la globalización económica) se
suman a los procesos históricos de etnocentrismo y prejuicio cultural. En
especial, los procesos de estas características referidos a los pueblos indígenas,
son de larga data y tienen su origen en la Conquista y la Colonia; pero se
reproducen, se activan y potencian
ante cada nueva instancia de exclusión social y
marginación económica, como las que
el neoliberalismo y la globalización están produciendo en nuestra Región.
Paralelamente, en el plano exclusivamente cultural, la
difusión de una ideología-sostén de conceptos macroeconómicos globalizantes
propicia un proceso de “homogeneización” que intenta socavar la identidad
pluricultural de un continente que alberga (junto a numerosas otras
colectividades) a más de cuatrocientos pueblos indígenas. Pueblos que admiten
diferencias étnicas entre sí, que expresan una rica diversidad de
manifestaciones culturales y sobreviven en condiciones de marginalidad económica
y social.
Algunos
de estos pueblos originarios son de escasa significación numérica, muchos
otros en cambio, superan el cuarto
de millón y en algunos países se constituyen en la población mayoritaria a
nivel nacional. La población indígena total del continente se estima,
actualmente, en 43 millones de individuos.
Si bien, la situación de marginación y deterioro económico
de los pueblos indígenas coincide casi en mucho con la situación de pobreza
del conjunto de las economías campesinas, hay rasgos propios de su
autoadscripción étnica que producen los fenómenos sociales de perjuicio e
intolerancia y que agudizan su situación de pobreza extrema.
En las últimas décadas,
el proceso de desarrollo tecnológico evidenciado en algunos sectores de la
agricultura ha marginado, aún más, a los pueblos indígenas del circuito de la
producción. Entre los campesinos originarios, el tránsito de la economía
minifundista a una agricultura de alta productividad y autosostenibilidad, se ha
visto impedido por factores de escasez de tierras y desamparo crediticio y técnico.
El
deterioro ambiental se ha agudizado en muchas áreas geográficas de población
indígena, cuya sobrevivencia se
inscribe en la defensa de los recursos naturales renovables. La preocupante
situación de daño del medio-ambiente, da
cuenta de comportamientos culturales diversos (y muchas veces opuestos) que no sólo
conciernen al desarrollo económico, sino también
a la organización productiva, al
sistema alimenticio y el autocuidado de la salud.
Para la mayoria de los pueblos indígenas el territorio y sus recursos
naturales son ‘bienes de uso’ (se trata del habitat, del “espacio para la
vida” del pueblo) y no un ‘bien de cambio’ (racionalidad propia de una
empresa comercial de explotación extensiva).
Las causas del
recrudecimiento de la discriminación y el aumento del deteriorro ecónomico y
ambiental, no son atribuíbles, exclusivamente, al ostensible fenómeno social
del prejuicio étnico (esto sería una interpretación unilateral, una suerte de
determinismo histórico). La explicación no sólo reside en las relaciones de
desigualdad que se generan entre el centro y la periferia, entre el “atraso y
la modernización”. Es preciso centrar el nivel de análisis, también, en la
dinámica interna de los pueblos indígenas, sus liderazgos y sus comunidades.
En un contexto desfavorable
para la sobrevivencia económica familiar (en la medida que ella se base
exclusivamente en la producción agropecuaria), la
tierra, símbolo-sostén de la identidad,
se liga a cada joven que asume el mandato de sus antepasados, y continúa
trabajando la parcela de sus padres y de sus abuelos. Ellos son los elegidos
para mantener el “espacio para la vida", esa franja de tierra que ofrece
sentido de pertenencia étnica y a la que periódicamente vuelven también los
migrantes para mitigar, en parte, su involuntario desarraigo.
Estos jóvenes del campo y
la ciudad se están transformando en las nuevas generaciones de dirigentes,
en ellos encuentran expresión las conductas y los valores de una cultura
de enclave, donde conviven rasgos de una cosmovisión autóctona con un
imaginario social modernizante. Los conflictos entre los antiguos y nuevos
liderazgos no son pocos y se constituyen en una escisión comparable a la que en
forma exógena han producido, durante décadas, los partidos políticos o las
diversas iglesias y sectas religiosas, en todos los pueblos indígenas de
nuestra Región.
A veces, la persistencia de
las condiciones de pobreza extrema se explica, también, por el impacto que en
el largo plazo arroja el bajo grado de cohesión comunitaria, o por los múltiples
e inacabados intentos de asimilación a la sociedad envolvente. Otras veces,
esta persistencia se debe a una consciente voluntad política de negarse a una
mayor participación, por el temor a perder la esencia de las particularidades
étnicas y culturales (la participación social no es incompatible con la
autonomía).
Todos
estos fenómenos, de naturaleza opuesta, son el producto de la misma imperiosa
necesidad de sobrevivir. Sobrevivir ‘como pueblo’ implica desarrollo económico
autogestionado y pleno ejercicio de la propia identidad y de la autonomía
cultural, sin temores a discriminaciones ni descalificaciones fundadas en el
mero hecho de la ‘diferencia’.
IV. Estrategia Regional-Integral de Disminución del Prejuicio Étnico y
la Discriminación Cultural
Los gobiernos de la Región,
los formadores de la opinión pública, el sistema político y amplios
sectores de la sociedad civil, continúan expresando sus preocupaciones por la
necesidad de combatir las consecuencias negativas del la
Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico en América Latina y el
Caribe. Por esta razón, todas las Estrategias de Lucha contra la Pobreza, se
plantean en el marco de ’un discurso’ de respeto por la
identidad étnica y la
idiosincrasia cultural.
A su vez, y luego de analizar las tendencias sociales y económicas
del inicio de este nuevo Milenio para América Latina y el Caribe, resulta difícil
imaginar futuros escenarios de sobrevivencia próspera, equitativa,
autosostenible, con sustentabilidad ambiental y a la vez, respetuosa de la
identidad y la cultura de los pueblos indígenas. Por eso, es necesario e
imperioso visualizar acciones
sociales, de carácter complementario a las tendencias
del modelo económico vigente.
Pese a las claras tendencias globales en materia de
homogeneización cultural, permanentemente surgen, en cada contexto nacional
latinoamericano, intentos de superar el desafío. Muchos de estos intentos se
ofrecen en el contexto de los pueblos indígenas: Si se adoptan las nuevas
tecnologías productivas, se lo hace junto a una revalorización de las
idiosincrásicas. Se reproducen procesos autónomos de organización
comunitaria. Se desarrollan nuevos estadios de conciencia étnica que superan
los viejos mecanismos ocultos de resistencia autodestructiva, y todo
ello, muchas veces redunda en mejores réditos económicos.
La
sociedad política y la sociedad civil, no-indígenas, pueden apoyar estos
procesos. Es preciso hacerlo en forma integral y coordinada, intentando reunir
los esfuerzos gubernamentales, junto a la comunidad internacional, a las
organizaciones no-gubernamentales y las asociaciones de la sociedad civil.
Esta suma de esfuerzos, liderada por las organizaciones indígenas (o, en
coordinación con ellas, según los diversos contextos nacionales) podría
conducir a la implementación de una Estrategia
Integral para la Disminución de la Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico
en América Latina y el Caribe. Esta Estrategia
consensuada, se debería basar en orientaciones de carácter general que
contemplen:
* El de autodeterminación (como accionar de una comunidad en el proceso
de constituirse en sujeto de su propio desarrollo) y
* El de la autogestión (como instrumento de injerencia y aprendizaje de
dicho accionar frente a los quehaceres concretos de la producción, el
medio-ambiente, la salud, la
educación y la cultura).
Una Estrategia Regional e Integral
de esta naturaleza, deberá inscribirse en un diseño de políticas públicas
que se defina como un proceso de largo plazo,
y que contemple etapas a transitar. Estas fases o etapas se visualizan
como necesarias en el proceso de implementación de los diversos lineamientos
políticos orientados hacia la disminución de la Discriminación Cultural y
el Prejuicio Étnico. Serán de diversa temporalidad,
a veces simultáneas o complementarias, según las características económicas,
políticas y socioculturales de cada contexto nacional o subregional:
·
Revitalización de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas: Proceso en el que las sociedades nacionales y
sus políticas públicas pueden contribuir, abriendo cada vez más espacios
propicios para el desarrollo de las organizaciones étnicas, como actores
sociales protagonistas de su propio desarrollo económico, social y cultural.
·
Una toma de decisiones de política comunicacional destinada a la
disminución del prejuicio étnico y la discriminación cultural, de gran
impacto en los medios de comunicación masivos: El
prejuicio y la discriminación son fenómenos sociales experimentados, en forma
masiva y constante, por miles de hombres y mujeres excluidos de una participación
social y política plena. Son fenómenos provocados por conductas cotidianas de
intolerancia, que a diario se expresan en los más amplios medios de comunicación,
porque los formadores de opinión recrean prototipos aracicos de interpretación
de las relaciones interculturales y su acontecer rutinario.
Por eso esta fase o etapa de la Estrategia
Integral abre un largo y dificultoso proceso que apunta al imaginario social
valórico de la población no-indígena, el que sólo se logrará llevar a cabo
en la medida que exista un compromiso de pluralismo y tolerancia por parte de la
clase política y de la sociedad civil en su conjunto.
·
Destierro de los mecanismos
de defensa, irreflexivos e irrestrictos, hacia los valores y conductas de los
pueblos históricamente discriminados: Como
es propio de toda organización social, las comunidades indígenas practican
costumbres, creencias y normas de vida que impactan su accionar cotidiano
y que no necesariamente benefician su sobrevivencia, ni deben ser admitidas o
reivindicadas por el sólo hecho de ser propias de los pueblos indígenas. Será
necesario propiciar instancias múltiples y permanentes de autocrítica,
lideradas por las organizaciones y comunidades indígenas,
en constante diálogo, negociación
o consenso con la sociedad civil no-indígena (sobre todo, a nivel local).
·
Autoafirmación
de la personalidad étnica y cultural diferenciada de los pueblos indígenas, en
un contexto económico de autogestión y en un escenario cultural de autonomía:
Deberán diseñarse nuevas políticas públicas de regulación económica y
protección del patrimonio cultural y ambiental, a nivel local y central,
a través de la implementación de programas sociales y comunicacionales
específicos. Estos programas estarán orientados a la generalización de la
convivencia cultural igualitaria (equitativa en igualdad de oportunidades) de
las sociedades indígenas y no-indígenas. La sociedad civil no-indígena también
es víctima del ejercicio histórico de la
discriminación, ya que se priva a sí misma de una convivencia
enriquecedora entre una y otra sociedad. Este ‘pre-juicio’ de descalificar
‘a piori’ la riqueza de la diversidad cultural, priva a latinoamericanos y caribeños del goce de
las expresiones más valiosas del pluriculturalismo indígenas de nuestra Región.
En el fondo, ha limitado y sigue limitando la definitiva construcción de
nuestra distintiva identidad.
[1] Oficial Principal de Asuntos de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-Naciones Unidas) - Directora del Proyecto Regional de Bi-alfabetización en Temas Productivos, de Medio Ambiente, Género y Salud Comunitaria (en especial, Salud Sexual y Reproductiva). – Las opiniones aquí vertidas no representan, necesariamente, la posición institucional.
[2] El 29 de diciembre de 1593, la Audiencia de Lima recibió orden de la capital del Reino: ...”de aquí en adelante castiguen con mayor rigor a los españoles que enjuiciaren, ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra los españoles”. Asimismo, en 1537, Pablo III por Bula Papal afirmaba que “los indios tenían alma y eran verdaderamente hombres” (aunque no desautorizaba la, por entonces, llamada “Guerra Justa”). Durante el Siglo XVII y más aún en el XVIII proliferaron este tipo de argumentaciones reinvidicatorias de la dignidad e igualdad de los indígenas ante la ley. Paradójicamente, las matanzas continuaron durante décadas. En el Sur del Continente, se agudizaron en pleno período republicano. Sólo que, durante las “Campañas de Pacificación”, se ejecutaba a millares de indígenas considerados ”ciudadanos libres y con igualdad de derechos frente al Estado” (Bandos y Decretos Supremos de las constituciones de las Repúblicas, principios del Siglo XIX).
[3]
En la implementación de esta Estrategia
una especial consideración merecerá el enfoque de equidad de género. Será
necesario definir mecanismos de participación comunitaria que produzcan un
quiebre en las conductas de fuerte subordinación femenina, que es preciso
atender con especial rigurosidad y en forma atinada y paulatina, a fin de no
provocar innecesarias fricciones interétnicas.
Un ejemplo de este enfoque lo constituye la labor de CEPAL a través
de su Proyecto Regional de Bi-alfabetización en Temas de Género, Medio
Ambiente, Producción y Salud (Ver: www.eclac.cl/bialfa)
aplicado en las áreas indígenas de cinco países de América
Latina.
[4] Oficial Principal de Asuntos de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-Naciones Unidas) - Directora del Proyecto Regional de Bi-alfabetización en Temas Productivos, de Medio Ambiente, Género y Salud Comunitaria (en especial, Salud Sexual y Reproductiva). – Las opiniones aquí vertidas no representan, necesariamente, la posición institucional.
[5] El 29 de diciembre de 1593, la Audiencia de Lima recibió orden de la capital del Reino: ...”de aquí en adelante castiguen con mayor rigor a los españoles que enjuiciaren, ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra los españoles”. Asimismo, en 1537, Pablo III por Bula Papal afirmaba que “los indios tenían alma y eran verdaderamente hombres” (aunque no desautorizaba la, por entonces, llamada “Guerra Justa”). Durante el Siglo XVII y más aún en el XVIII proliferaron este tipo de argumentaciones reinvidicatorias de la dignidad e igualdad de los indígenas ante la ley. Paradójicamente, las matanzas continuaron durante décadas. En el Sur del Continente, se agudizaron en pleno período republicano. Sólo que, durante las “Campañas de Pacificación”, se ejecutaba a millares de indígenas considerados ”ciudadanos libres y con igualdad de derechos frente al Estado” (Bandos y Decretos Supremos de las constituciones de las Repúblicas, principios del Siglo XIX).
[6]
En la implementación de esta Estrategia
una especial consideración merecerá el enfoque de equidad de género. Será
necesario definir mecanismos de participación comunitaria que produzcan un
quiebre en las conductas de fuerte subordinación femenina, que es preciso
atender con especial rigurosidad y en forma atinada y paulatina, a fin de no
provocar innecesarias fricciones interétnicas.
Un ejemplo de este enfoque lo constituye la labor de CEPAL a través
de su Proyecto Regional de Bi-alfabetización en Temas de Género, Medio
Ambiente, Producción y Salud (Ver: www.eclac.cl/bialfa)
aplicado en las áreas indígenas de cinco países de América
Latina.