DISCRIMINACION ETNICA Y CULTURAL

Algunas razones para meditar

                                                                       

Isabel Hernández[1]

 

 

 

I. Introducción

 

El etnocentrismo es un fenómeno social ancestral, activador de conductas xenofóbicas, prejuiciosas y descalificadoras del “otro” (extranjero, ajeno, diferente). Paradójicamente,  garantizar el reconocimiento de ese “otro”, es imprescindible para la consolidación de las identidades, en todo modelo auténtico de democracia.

 

América Latina y el Caribe es una de las Regiones que aún no ha consolidado los suficientes ámbitos sociales de crítica, de esclarecimiento o espacios para expresiones reivindicativas etnoculturales, que permitan reconocer la raíz conflictiva que sustentan las relaciones interétnicas e interculturales. Ámbitos que podrían develar la razón de ser de los conflictos e incluso abrir caminos para su superación, en lugar de esconderlos y apelar a los supuestos beneficios del olvido, la negación o la proliferación de meras verbalizaciones de tolerancia, siempre útiles, pero no suficientes.

 

Las contradicciones entre la sociedad “legal” y la sociedad “real” son propias de la constitución de los estados modernos.  En la medida que subsista la marginación socio-económica y política de amplios sectores étnicamente discriminados de la Región (los indígenas, los afrolatinos y afrocaribeños), la legislación vigente en materia de integración igualitaria, no será más que uno de los tantos elementos emergentes de estas contradicciones. Por un lado, la igualdad de derecho frente a la desigualdad de facto, fortalece la discriminación velada en el seno de la sociedad y, por otro, suele inhibir y desmovilizar a los grupos directamente afectados. 

 

A comienzos del Siglo XIX, y a medida que se consolidaba el poder de los nuevos estados latinoamericanos, diversas disposiciones legales transformaron en ciudadanos “con igualdad de derechos” a los indígenas de nuestra América. En algunos casos, estas disposiciones reiteraban anteriores Cédulas Reales correspondientes al período colonial[2].

Se hacía explícita de esta manera la voluntad de integrar en ”igualdad de condiciones” a pueblos “desiguales”, equiparando formalmente entidades étnicas diferenciadas y antagónicas. Mientras las sociedades nacionales, por un lado, daban prueba de  sus avanzados ideales de igualdad y democracia heredados de la Revolución Francesa, por otro, inmovilizaban al indígena calificando de “injustificado” todo acto de protesta o de justa rebeldía. 

 

Una prueba de ello lo constituyó la controvertida e inequitativa asignación de suelo comunitario, problema aún no resuelto. Las legislaciones de corte liberal, en  la mayoría de los casos, negaron el acceso a los regímenes colectivos de propiedad de la tierra, despojando así a los indígenas de su tradicional organización productiva y ligándolos    al latifundio, en condiciones de semi-servidumbre. Más tarde, en muchos casos, las reformas agrarias los arrinconaron en áreas desérticas o erosionadas, condenándolos a la improductividad del minifundio.  

 

Algunos de estos antecedentes de nuestra historia, explican, en parte, el nacimiento de las referidas contradicciones actuales:

 

·        por un lado, los gobiernos latinoamericanos (apoyados en valiosas declaraciones de los últimos foros mundiales) reconocen jurídicamente igualdad de derechos para todos y cada uno de sus miembros. Hacen explícito y enfatizan, incluso, que esta igualdad alcanza a los integrantes de las razas y las etnias históricamente discriminadas, y

·        por otra parte, las sociedades de hecho (sus gobiernos y su civilidad) en el ejercicio de sus prácticas cotidianas y sus conductas rutinarias, propician un trato desigual y condenatorio a los integrantes de las etnias y las culturas socialmente descalificadas.

 

Es obvio que en múltiples prácticas sociales se evidencia tanto el racismo, como la discriminación étnica y cultural, la xenofobia y sus formas conexas de intolerancia. Son conductas que perduran  y se agudizan hoy, en América Latina y el Caribe.  Se trata de fenómenos que parten de conductas etnocéntricas, universales y de larga data.  Se profundizaron y “acriollaron” en nuestra Región como justificación histórica del genocidio de la Conquista. Se expandieron durante la Colonia y la República y  actualmente subsisten, como necesidad de legitimar la marginación económica presente.  

 

Como afirman Berger y Luckman en “La construcción social de la realidad” (Amorrortu, 1998): “dos sociedades que se enfrentan y cada una de las cuales poseen universos en conflictos, desarrollan mecanismos conceptuales destinados a mantener sus respectivos universos.  Sin embargo, la cuestión de cual prevalecerá, depende más del poder que de la habilidad teórica…la sociedad que tenga el palo más grande, tiene mayores posibilidades de imponer sus definiciones”.

 

Históricamente, para todo pueblo dominador, el pueblo dominado fue “bárbaro y hereje”, puesto que necesitó desacreditarlo y degradarlo para justificar la imposición por la fuerza de su propio sistema de vida, y defender de esta manera sus intereses económicos. Así, mientras se comienza a discriminar porque se domina, luego se continúa dominando porque se discrimina.

 

La exclusión económica de los indígenas, afrolatinos, afrocaribeños y de otras colectividades descalificadas, se basa en discriminaciones generales  o comunes a las que sufren todos los estratos empobrecidos del campo y la ciudad. Pero, por pertenecer a una etnia y a una cultura diferente, por responder a una historia distinta, se los perjudica con otro tipo de marginación: con intolerancia y discriminaciones específicas, basadas exclusivamente en su distinción racial, étnica o cultural. 

 

Como describía magistralmente Galindo, el novelista peruano, en ”Garabombo el invisible”: Si un campesino pobre (un quechua cuzqueño) se presenta en una oficina pública “mal vestido” y dice que no sabe leer ni escribir, el funcionario no percibe los rasgos objetivos de su pobreza extrema, estos  rasgos desaparecen como tales y pasan a constituirse en agravantes de una condición étnica desvalorizada. O sea, en el caso de ‘ser considerado’ (es decir, si supera su condición de “invisible” en la sala de espera) será tratado en términos oprobiosos como “indio” (“distinto, sucio e ignorante”) y no con la rutinaria displicencia menor, con la que se trata a un campesino pobre y analfabeto.

  

La difusión social permanente de un imaginario descalificador del “diferente”  impregna a todos los sectores de las sociedades nacionales. Actualmente, los indígenas no sólo son discriminados por los sectores más beneficiados de la sociedad  (podría atribuirse a una herencia ideólogica colonial) sino también por los miembros no-indígenas de su propio sector social marginado. Ya sea porque el ciudadano pobre no-indígena, encuentra  (y prefiere encontrar) su identificación cultural en el comportamiento social de los sectores hegemónicos y privilegiados o, porque  el desprecio por el “otro” (el distinto, el diferente, el descalificado) hace del ejercicio de la discriminación un reaseguro de la existencia de un grupo “inferior” en la escala social, que le permite obtener beneficios secundarios (ante posibles alianzas políticas o algunas instancias de acceso a mayor participación social).

 

Frente a este escenario de contradicciones de larga data y de  reactivación de  descalificaciones mutuas, debemos admitir que se arribará a resultados magros, si sólo se pretende llevar a cabo acciones en el mero terreno jurídico, sin acceder a instancias concretas de transformación en la sociedad de hecho.

 

Asimismo, se obtendra los mismos magros resultados, si se pretende intervenir solamente en los grupos sociales afectados por la discriminación,  sin desarrollar acciones tendientes a desarticular mecanismos de prejuicio en los más amplios ámbitos y sectores de la sociedad.

 

La construcción de una ciudadanía moderna esta atravesada por las tensiones entre el fortalecimiento de las identidades étnicas minoritarias y la homogeneidad cultural que nos ofrecen los paradigmas de modernidad y globalización en boga. Sin embargo, no hay nada más injusto que ofrecer un tratamiento igualitario, a aquellos que registran necesidades diferentes. Por el contrario, creemos que la resistencia ante este tipo de inequidades, pasa por asumir el reto de conciliar las particularidades histórico-culturales de cada pueblo, con la vocación universalista del desarrollo y la modernidad.

 

 

II. La desmovilización autodestructiva de las sociedades discriminadas

 

 

II.1. Los intentos de ‘asimilación’ del discriminado

 

Como consecuencia de una descalificación permanente de sus pautas de conducta, de sus creencias, de las expresiones de su propio lenguaje, el discriminado termina reconociéndose y autodefiniéndose como tal. Llega a aceptar los términos de la degradación, asume con naturalidad los adjetivos descalificadores que tradicionalmente le ha atribuido y se desvaloriza.

 

Un comportamiento habitual  de los grupos étnicamente discriminados es internalizar las pautas culturales del opositor étnico o racial, sobrevalorándolas e imitándolas tanto como le sea permitido. Como lógica contrapartida, desvaloriza las propias y acepta las justificaciones externas de descalificación de su propia etnia.

 

El primer intento del discriminado es negar su pertenencia u origen racial y tratar de asimilarse a la sociedad global, restándole significado a sus particularidades o diferencias.  En las sociedades más abiertas, se advierte en los jóvenes la aspiración a los enlaces matrimoniales mixtos y al ocultamiento de rasgos distintivos (como los cambios de nombres y apellidos).

 

Quienes transitan por este estadio de conciencia asimilacionista, procuran asimismo acceder a posiciones de clase más ventajosas, con suerte diversa, pero la comprobación empírica ha demostrado que este intento de integrarse al grupo social y étnico hegemónico, generalmente no los libera de su condición de discriminados.

 

Se trata de la adopción de una máscara, que a veces ni siquiera es advertida por la sociedad mayoritaria; en otras oportunidades es denunciada por ella, y la mayoría de las veces es rechazada.

 

El enmascaramiento y el proceso que desencadena, no son neutros para la construcción de la identidad grupal de los discriminados; cada máscara la va cambiando en su esencia. Con el correr del tiempo, la superposición de sucesivos enmascaramientos, impide que se registren los mismos rasgos identificatorios y, entonces, estamos en presencia de otro proceso de autoadscripción, manifestado a través de una expresión distinta de la cultura. Esta nueva identidad da cuenta de lo perdido, tanto como de lo conservado y de lo recientemente adquirido, pero nada en estos complejos procesos, logra combatir la descalificación social.

 

Por esto, cuando a pesar de los mencionados intentos, el discriminado se ve igualmente rechazado, como si fuera portador de un estigma imborrable, su reacción se torna dañina contra sí mismo y contra su propio pueblo. Reacciona negativametne contra su adscripción etnocultural, la niega y la desvaloriza aún más. Es como el ejemplo que Fanon atribuía al colonizado: “al levantar el cuchillo contra su propio hermano, cree destruir de una vez y para siempre la imagen destestada del envilecimiento compartido”.

 

II.2. La resistencia

 

A esta conciencia asimilacionista y, hasta cierto punto, justificadora del comportamiento del discriminador, se opone una reacción opuesta, dentro del grupo socialmente degradado: La permanencia de las descalificaciones de su origen y su cultura, hacen que el discriminado entre en conflicto, se rebele, enfrente al grupo étnico antagónico, visualice como “enemigos” a todos sus miembros y arribe a un estadio de conciencia defensiva o de resistencia étnica.  

 

Todo conflicto interétnico genera un proceso de descalificaciones mutuas y de  simétrico antagonismo. Como respuesta al fenómeno discriminatorio, el grupo afectado reacciona con simétrica irracionalidad, en cuanto a los fundamentos de sus prejuicios.

 

Si para el criollaje los indígenas son “flojos, ignorantes y borrachos”, estos términos peyorativos y generalizables, se revierten y para la población indígena, los blancos o criollo, son “ladrones, embusteros y violentos”.  El pueblo mapuche llama al chileno “huinka”, término que proviene del verbo en mapudungum “”huinkalf” (robar) por lo cual el opositor étnico se perpetuo en el lenguaje, como el “ladrón”. Para el wichi-mataco del Chaco, el correspondiente sustantivo es ”ahat” (demonio) y así se podría continuar con múltiples ejemplos.

 

Conductas de esta naturaleza, fortalecen el racismo y sus conflictos, desarrollan comportamientos irreflexivos de enfrentamiento; transforman al “opositor étnico’’ invariablemente en “enemigo étnico” (incluso cuando se trata de miembros de un  sector social igualmente marginado y empobrecido). Asimismo, estas conductas obstaculizan posibles alianzas políticas dirigidas al acceso a una mayor participación económica y social.

 

II.3. La ‘reorientación’ de la conciencia étnica

   

Los estadios de conciencia étnica asimilacionista y descalificadora de la propia etnia, así como la resistencia étnica irreflexiva e irrestricta (propia de una conciencia defensiva) han contribuido históricamente a la permanencia del fenómeno discriminatorio, del racismo y la intolerancia. Se han manifestado a lo largo del tiempo, como caminos ineficaces en la búsqueda de una integración social igualitaria a las sociedades nacionales latinoamericanas (en términos de acceso de oportunidades y manteniendo la identidad y las particularidades culturales).

 

En la medida que subsistan descalificaciones absolutas y apriorísticas, es imposible que dos o más grupos sociales puedan encarar juntos la solución de conflictos estructurales o aliarse para enfrentar antagonismos comunes o para superar la pobreza y la exclusión política y social. Por el contrario,  tanto los intentos de asimilación como las conductas defensivas o de resistencia, han conducido a los sectores discriminados a la vulnerabilidad, la incapacidad de autorepresentación, la desmovilización o la autodestrucción.

 

En las últimas décadas, hemos sido testigos de un proceso paulatino de una toma de conciencia sobre estos procesos y sobre la necesidad de autoafirmación de la personalidad étnicamente diferenciada de los pueblos discriminados. Se trata de intentos inacabados de revitalizar las culturas marginadas, de dignificar la autoadscripción racial o étnica y la identidad cultural de las minorías. 

 

Estos intentos de reorientar la conciencia de pertenencia a un grupo socialmente descalificado,  hacia una autoafirmación étnica y cultural como PUEBLO, encontrarán alternativas de crecimiento y desarrollo, en la medida que las sociedades latinoamericanas, paralelamente, se lo permitan. En la medida que las sociedades mayoritarias de  nuestra Región, propicien avances en términos de pluralismo, de auténticas democracias y de desarticulación de prejuicios ancestrales.

  

 

III. El Tercer Milenio y los Pueblos Indígenas de nuestra Región

Se profundiza la discriminación y aumenta el deterioro económico y ambiental

 

 

En los umbrales del nuevo siglo, el problema de la extrema pobreza y la integración social continúa concentrando las preocupaciones de la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

 

El ajuste económico y la internacionalización de la economía, continúa produciendo profundas reestructuraciones tecnológicas, políticas y socio-culturales que agudizan las diferencias entre las subregiones y marginan a amplios sectores de la población. El desarrollo desigual, en el largo plazo, abre nuevas brechas de pobreza en el interior de cada organización social. 

 

En el marco de un modelo económico que produce situaciones recesivas recurrentes y restricciones del mercado de empleo, se recrudecen las descalificaciones prejuiciosas y aumenta la xenofobia frente a los grupos históricamente discriminados (sean indígenas, afrolatinos o migrantes internacionales pobres). Se exacerba la competencia frente a la reducción de las oportunidades de empleo y las desiguales presiones sobre el mercado de trabajo se estratifican, con base en discriminaciones de índole diversa (a veces, las conductas entocéntricas logran primar y poner en un segundo plano las calificaciones profesionales).

 

Estos fenómenos recientes (producto del paradigma de la globalización económica) se suman a los procesos históricos de etnocentrismo y prejuicio cultural. En especial, los procesos de estas características referidos a los pueblos indígenas, son de larga data y tienen su origen en la Conquista y la Colonia; pero se reproducen, se activan  y potencian ante cada nueva instancia de exclusión social y  marginación económica, como las que  el neoliberalismo y la globalización están produciendo en nuestra Región.

 

Paralelamente, en el plano exclusivamente cultural, la difusión de una ideología-sostén de conceptos macroeconómicos globalizantes propicia un proceso de “homogeneización” que intenta socavar la identidad pluricultural de un continente que alberga (junto a numerosas otras colectividades) a más de cuatrocientos pueblos indígenas. Pueblos que admiten diferencias étnicas entre sí, que expresan una rica diversidad de manifestaciones culturales y sobreviven en condiciones de marginalidad económica y social.

 

Algunos de estos pueblos originarios son de escasa significación numérica, muchos otros en cambio,  superan el cuarto de millón y en algunos países se constituyen en la población mayoritaria a nivel nacional. La población indígena total del continente se estima, actualmente, en 43 millones de individuos.   

 

Si bien, la situación de marginación y deterioro económico de los pueblos indígenas coincide casi en mucho con la situación de pobreza del conjunto de las economías campesinas, hay rasgos propios de su autoadscripción étnica que producen los fenómenos sociales de perjuicio e intolerancia y que agudizan su situación de pobreza extrema.

 

En las últimas décadas, el proceso de desarrollo tecnológico evidenciado en algunos sectores de la agricultura ha marginado, aún más, a los pueblos indígenas del circuito de la producción. Entre los campesinos originarios, el tránsito de la economía minifundista a una agricultura de alta productividad y autosostenibilidad, se ha visto impedido por factores de escasez de tierras y desamparo crediticio y técnico.

 

El deterioro ambiental se ha agudizado en muchas áreas geográficas de población indígena, cuya  sobrevivencia se inscribe en la defensa de los recursos naturales renovables. La preocupante situación de daño del medio-ambiente,  da cuenta de comportamientos culturales diversos (y muchas veces opuestos) que no sólo conciernen al desarrollo económico, sino también  a la organización productiva,  al sistema alimenticio y el autocuidado de la salud.  Para la mayoria de los pueblos indígenas el territorio y sus recursos naturales son ‘bienes de uso’ (se trata del habitat, del “espacio para la vida” del pueblo) y no un ‘bien de cambio’ (racionalidad propia de una empresa comercial de explotación extensiva).   

  

Las causas del recrudecimiento de la discriminación y el aumento del deteriorro ecónomico y ambiental, no son atribuíbles, exclusivamente, al ostensible fenómeno social del prejuicio étnico (esto sería una interpretación unilateral, una suerte de determinismo histórico). La explicación no sólo reside en las relaciones de desigualdad que se generan entre el centro y la periferia, entre el “atraso y la modernización”. Es preciso centrar el nivel de análisis, también, en la dinámica interna de los pueblos indígenas, sus liderazgos y sus comunidades.

 

En un contexto desfavorable para la sobrevivencia económica familiar (en la medida que ella se base exclusivamente en la producción agropecuaria), la tierra, símbolo-sostén de la identidad, se liga a cada joven que asume el mandato de sus antepasados, y continúa trabajando la parcela de sus padres y de sus abuelos. Ellos son los elegidos para mantener el “espacio para la vida", esa franja de tierra que ofrece sentido de pertenencia étnica y a la que periódicamente vuelven también los migrantes para mitigar, en parte, su involuntario desarraigo.

 

Estos jóvenes del campo y la ciudad se están transformando en las nuevas generaciones de dirigentes,  en ellos encuentran expresión las conductas y los valores de una cultura de enclave, donde conviven rasgos de una cosmovisión autóctona con un imaginario social modernizante. Los conflictos entre los antiguos y nuevos liderazgos no son pocos y se constituyen en una escisión comparable a la que en forma exógena han producido, durante décadas, los partidos políticos o las diversas iglesias y sectas religiosas, en todos los pueblos indígenas de nuestra Región.  

 

A veces, la persistencia de las condiciones de pobreza extrema se explica, también, por el impacto que en el largo plazo arroja el bajo grado de cohesión comunitaria, o por los múltiples e inacabados intentos de asimilación a la sociedad envolvente. Otras veces, esta persistencia se debe a una consciente voluntad política de negarse a una mayor participación, por el temor a perder la esencia de las particularidades étnicas y culturales (la participación social no es incompatible con la autonomía).

 

Todos estos fenómenos, de naturaleza opuesta, son el producto de la misma imperiosa necesidad de sobrevivir. Sobrevivir ‘como pueblo’ implica desarrollo económico autogestionado y pleno ejercicio de la propia identidad y de la autonomía cultural, sin temores a discriminaciones ni descalificaciones fundadas en el mero hecho de la ‘diferencia’.     

 

 

IV. Estrategia Regional-Integral de Disminución del Prejuicio Étnico y la Discriminación Cultural

 

Los gobiernos de la Región,  los formadores de la opinión pública, el sistema político y amplios sectores de la sociedad civil, continúan expresando sus preocupaciones por la necesidad de combatir las consecuencias negativas del la Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico en América Latina y el Caribe. Por esta razón, todas las Estrategias de Lucha contra la Pobreza, se plantean en el marco de ’un discurso’ de respeto por la  identidad  étnica y la idiosincrasia cultural.

 

A su vez, y luego de analizar las tendencias sociales y económicas del inicio de este nuevo Milenio para América Latina y el Caribe, resulta difícil imaginar futuros escenarios de sobrevivencia próspera, equitativa, autosostenible, con sustentabilidad ambiental y a la vez, respetuosa de la identidad y la cultura de los pueblos indígenas. Por eso, es necesario e imperioso visualizar  acciones sociales, de carácter complementario a las tendencias  del modelo económico vigente.

 

Pese a las claras tendencias globales en materia de homogeneización cultural, permanentemente surgen, en cada contexto nacional latinoamericano, intentos de superar el desafío. Muchos de estos intentos se ofrecen en el contexto de los pueblos indígenas: Si se adoptan las nuevas tecnologías productivas, se lo hace junto a una revalorización de las idiosincrásicas. Se reproducen procesos autónomos de organización comunitaria. Se desarrollan nuevos estadios de conciencia étnica que superan  los viejos mecanismos ocultos de resistencia autodestructiva, y todo ello, muchas veces redunda en mejores réditos económicos.

 

La sociedad política y la sociedad civil, no-indígenas, pueden apoyar estos procesos. Es preciso hacerlo en forma integral y coordinada, intentando reunir los esfuerzos gubernamentales, junto a la comunidad internacional, a las organizaciones no-gubernamentales y las asociaciones de la sociedad civil.  Esta suma de esfuerzos, liderada por las organizaciones indígenas (o, en coordinación con ellas, según los diversos contextos nacionales) podría conducir a la implementación de una Estrategia Integral para la Disminución de la Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico en América Latina y el Caribe. Esta Estrategia consensuada, se debería basar en orientaciones de carácter general que contemplen:

 

 

            * El de autodeterminación (como accionar de una comunidad en el proceso de constituirse en sujeto de su propio desarrollo) y

            * El de la autogestión (como instrumento de injerencia y aprendizaje de dicho accionar frente a los quehaceres concretos de la producción, el medio-ambiente,  la salud, la educación y la cultura).

 

 

 

Una Estrategia Regional e Integral de esta naturaleza, deberá inscribirse en un diseño de políticas públicas que se defina como un proceso de largo plazo,  y que contemple etapas a transitar. Estas fases o etapas se visualizan como necesarias en el proceso de implementación de los diversos lineamientos políticos orientados hacia la disminución de la  Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico. Serán de diversa temporalidad, a veces simultáneas o complementarias, según las características económicas, políticas y socioculturales de cada contexto nacional o subregional:

 

·        Revitalización de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas: Proceso en el que las sociedades nacionales y sus políticas públicas pueden contribuir, abriendo cada vez más espacios propicios para el desarrollo de las organizaciones étnicas, como actores sociales protagonistas de su propio desarrollo económico, social y cultural.

 

·        Una toma de decisiones de política comunicacional destinada a la disminución del prejuicio étnico y la discriminación cultural, de gran impacto en los medios de comunicación masivos: El prejuicio y la discriminación son fenómenos sociales experimentados, en forma masiva y constante, por miles de hombres y mujeres excluidos de una participación social y política plena. Son fenómenos provocados por conductas cotidianas de intolerancia, que a diario se expresan en los más amplios medios de comunicación, porque los formadores de opinión recrean prototipos aracicos de interpretación de las relaciones interculturales y su acontecer rutinario.  Por eso esta fase o etapa de la Estrategia Integral abre un largo y dificultoso proceso que apunta al imaginario social valórico de la población no-indígena, el que sólo se logrará llevar a cabo en la medida que exista un compromiso de pluralismo y tolerancia por parte de la clase política y de la sociedad civil en su conjunto.  

 

·        Destierro  de los mecanismos de defensa, irreflexivos e irrestrictos, hacia los valores y conductas de los pueblos históricamente discriminados: Como es propio de toda organización social, las comunidades indígenas practican  costumbres, creencias y normas de vida que impactan su accionar cotidiano y que no necesariamente benefician su sobrevivencia, ni deben ser admitidas o reivindicadas por el sólo hecho de ser propias de los pueblos indígenas. Será necesario propiciar instancias múltiples y permanentes de autocrítica, lideradas por las organizaciones y comunidades indígenas,  en constante diálogo,  negociación o consenso con la sociedad civil no-indígena (sobre todo, a nivel local).

 

·        Autoafirmación de la personalidad étnica y cultural diferenciada de los pueblos indígenas, en un contexto económico de autogestión y en un escenario cultural de autonomía: Deberán diseñarse nuevas políticas públicas de regulación económica y protección del patrimonio cultural y ambiental, a nivel local y central,  a través de la implementación de programas sociales y comunicacionales específicos. Estos programas estarán orientados a la generalización de la convivencia cultural igualitaria (equitativa en igualdad de oportunidades) de las sociedades indígenas y no-indígenas. La sociedad civil no-indígena también es víctima del ejercicio histórico de la  discriminación, ya que se priva a sí misma de una convivencia enriquecedora entre una y otra sociedad. Este ‘pre-juicio’ de descalificar ‘a piori’ la riqueza de la diversidad  cultural, priva a latinoamericanos y caribeños del goce de las expresiones más valiosas del pluriculturalismo indígenas de nuestra Región. En el fondo, ha limitado y sigue limitando la definitiva construcción de nuestra distintiva  identidad.

 

DISCRIMINACION ETNICA Y CULTURAL

Algunas razones para meditar

                                                                       

ISABEL HERNANDEZ[4]

 

 

 

I. Introducción

 

El etnocentrismo es un fenómeno social ancestral, activador de conductas xenofóbicas, prejuiciosas y descalificadoras del “otro” (extranjero, ajeno, diferente). Paradójicamente,  garantizar el reconocimiento de ese “otro”, es imprescindible para la consolidación de las identidades, en todo modelo auténtico de democracia.

 

América Latina y el Caribe es una de las Regiones que aún no ha consolidado los suficientes ámbitos sociales de crítica, de esclarecimiento o espacios para expresiones reivindicativas etnoculturales, que permitan reconocer la raíz conflictiva que sustentan las relaciones interétnicas e interculturales. Ámbitos que podrían develar la razón de ser de los conflictos e incluso abrir caminos para su superación, en lugar de esconderlos y apelar a los supuestos beneficios del olvido, la negación o la proliferación de meras verbalizaciones de tolerancia, siempre útiles, pero no suficientes.

 

Las contradicciones entre la sociedad “legal” y la sociedad “real” son propias de la constitución de los estados modernos.  En la medida que subsista la marginación socio-económica y política de amplios sectores étnicamente discriminados de la Región (los indígenas, los afrolatinos y afrocaribeños), la legislación vigente en materia de integración igualitaria, no será más que uno de los tantos elementos emergentes de estas contradicciones. Por un lado, la igualdad de derecho frente a la desigualdad de facto, fortalece la discriminación velada en el seno de la sociedad y, por otro, suele inhibir y desmovilizar a los grupos directamente afectados. 

 

A comienzos del Siglo XIX, y a medida que se consolidaba el poder de los nuevos estados latinoamericanos, diversas disposiciones legales transformaron en ciudadanos “con igualdad de derechos” a los indígenas de nuestra América. En algunos casos, estas disposiciones reiteraban anteriores Cédulas Reales correspondientes al período colonial[5].

Se hacía explícita de esta manera la voluntad de integrar en ”igualdad de condiciones” a pueblos “desiguales”, equiparando formalmente entidades étnicas diferenciadas y antagónicas. Mientras las sociedades nacionales, por un lado, daban prueba de  sus avanzados ideales de igualdad y democracia heredados de la Revolución Francesa, por otro, inmovilizaban al indígena calificando de “injustificado” todo acto de protesta o de justa rebeldía. 

 

Una prueba de ello lo constituyó la controvertida e inequitativa asignación de suelo comunitario, problema aún no resuelto. Las legislaciones de corte liberal, en  la mayoría de los casos, negaron el acceso a los regímenes colectivos de propiedad de la tierra, despojando así a los indígenas de su tradicional organización productiva y ligándolos    al latifundio, en condiciones de semi-servidumbre. Más tarde, en muchos casos, las reformas agrarias los arrinconaron en áreas desérticas o erosionadas, condenándolos a la improductividad del minifundio.  

 

Algunos de estos antecedentes de nuestra historia, explican, en parte, el nacimiento de las referidas contradicciones actuales:

 

·        por un lado, los gobiernos latinoamericanos (apoyados en valiosas declaraciones de los últimos foros mundiales) reconocen jurídicamente igualdad de derechos para todos y cada uno de sus miembros. Hacen explícito y enfatizan, incluso, que esta igualdad alcanza a los integrantes de las razas y las etnias históricamente discriminadas, y

·        por otra parte, las sociedades de hecho (sus gobiernos y su civilidad) en el ejercicio de sus prácticas cotidianas y sus conductas rutinarias, propician un trato desigual y condenatorio a los integrantes de las etnias y las culturas socialmente descalificadas.

 

Es obvio que en múltiples prácticas sociales se evidencia tanto el racismo, como la discriminación étnica y cultural, la xenofobia y sus formas conexas de intolerancia. Son conductas que perduran  y se agudizan hoy, en América Latina y el Caribe.  Se trata de fenómenos que parten de conductas etnocéntricas, universales y de larga data.  Se profundizaron y “acriollaron” en nuestra Región como justificación histórica del genocidio de la Conquista. Se expandieron durante la Colonia y la República y  actualmente subsisten, como necesidad de legitimar la marginación económica presente.  

 

Como afirman Berger y Luckman en “La construcción social de la realidad” (Amorrortu, 1998): “dos sociedades que se enfrentan y cada una de las cuales poseen universos en conflictos, desarrollan mecanismos conceptuales destinados a mantener sus respectivos universos.  Sin embargo, la cuestión de cual prevalecerá, depende más del poder que de la habilidad teórica…la sociedad que tenga el palo más grande, tiene mayores posibilidades de imponer sus definiciones”.

 

Históricamente, para todo pueblo dominador, el pueblo dominado fue “bárbaro y hereje”, puesto que necesitó desacreditarlo y degradarlo para justificar la imposición por la fuerza de su propio sistema de vida, y defender de esta manera sus intereses económicos. Así, mientras se comienza a discriminar porque se domina, luego se continúa dominando porque se discrimina.

 

La exclusión económica de los indígenas, afrolatinos, afrocaribeños y de otras colectividades descalificadas, se basa en discriminaciones generales  o comunes a las que sufren todos los estratos empobrecidos del campo y la ciudad. Pero, por pertenecer a una etnia y a una cultura diferente, por responder a una historia distinta, se los perjudica con otro tipo de marginación: con intolerancia y discriminaciones específicas, basadas exclusivamente en su distinción racial, étnica o cultural. 

 

Como describía magistralmente Galindo, el novelista peruano, en ”Garabombo el invisible”: Si un campesino pobre (un quechua cuzqueño) se presenta en una oficina pública “mal vestido” y dice que no sabe leer ni escribir, el funcionario no percibe los rasgos objetivos de su pobreza extrema, estos  rasgos desaparecen como tales y pasan a constituirse en agravantes de una condición étnica desvalorizada. O sea, en el caso de ‘ser considerado’ (es decir, si supera su condición de “invisible” en la sala de espera) será tratado en términos oprobiosos como “indio” (“distinto, sucio e ignorante”) y no con la rutinaria displicencia menor, con la que se trata a un campesino pobre y analfabeto.

  

La difusión social permanente de un imaginario descalificador del “diferente”  impregna a todos los sectores de las sociedades nacionales. Actualmente, los indígenas no sólo son discriminados por los sectores más beneficiados de la sociedad  (podría atribuirse a una herencia ideólogica colonial) sino también por los miembros no-indígenas de su propio sector social marginado. Ya sea porque el ciudadano pobre no-indígena, encuentra  (y prefiere encontrar) su identificación cultural en el comportamiento social de los sectores hegemónicos y privilegiados o, porque  el desprecio por el “otro” (el distinto, el diferente, el descalificado) hace del ejercicio de la discriminación un reaseguro de la existencia de un grupo “inferior” en la escala social, que le permite obtener beneficios secundarios (ante posibles alianzas políticas o algunas instancias de acceso a mayor participación social).

 

Frente a este escenario de contradicciones de larga data y de  reactivación de  descalificaciones mutuas, debemos admitir que se arribará a resultados magros, si sólo se pretende llevar a cabo acciones en el mero terreno jurídico, sin acceder a instancias concretas de transformación en la sociedad de hecho.

 

Asimismo, se obtendra los mismos magros resultados, si se pretende intervenir solamente en los grupos sociales afectados por la discriminación,  sin desarrollar acciones tendientes a desarticular mecanismos de prejuicio en los más amplios ámbitos y sectores de la sociedad.

 

La construcción de una ciudadanía moderna esta atravesada por las tensiones entre el fortalecimiento de las identidades étnicas minoritarias y la homogeneidad cultural que nos ofrecen los paradigmas de modernidad y globalización en boga. Sin embargo, no hay nada más injusto que ofrecer un tratamiento igualitario, a aquellos que registran necesidades diferentes. Por el contrario, creemos que la resistencia ante este tipo de inequidades, pasa por asumir el reto de conciliar las particularidades histórico-culturales de cada pueblo, con la vocación universalista del desarrollo y la modernidad.

 

 

II. La desmovilización autodestructiva de las sociedades discriminadas

 

 

II.1. Los intentos de ‘asimilación’ del discriminado

 

Como consecuencia de una descalificación permanente de sus pautas de conducta, de sus creencias, de las expresiones de su propio lenguaje, el discriminado termina reconociéndose y autodefiniéndose como tal. Llega a aceptar los términos de la degradación, asume con naturalidad los adjetivos descalificadores que tradicionalmente le ha atribuido y se desvaloriza.

 

Un comportamiento habitual  de los grupos étnicamente discriminados es internalizar las pautas culturales del opositor étnico o racial, sobrevalorándolas e imitándolas tanto como le sea permitido. Como lógica contrapartida, desvaloriza las propias y acepta las justificaciones externas de descalificación de su propia etnia.

 

El primer intento del discriminado es negar su pertenencia u origen racial y tratar de asimilarse a la sociedad global, restándole significado a sus particularidades o diferencias.  En las sociedades más abiertas, se advierte en los jóvenes la aspiración a los enlaces matrimoniales mixtos y al ocultamiento de rasgos distintivos (como los cambios de nombres y apellidos).

 

Quienes transitan por este estadio de conciencia asimilacionista, procuran asimismo acceder a posiciones de clase más ventajosas, con suerte diversa, pero la comprobación empírica ha demostrado que este intento de integrarse al grupo social y étnico hegemónico, generalmente no los libera de su condición de discriminados.

 

Se trata de la adopción de una máscara, que a veces ni siquiera es advertida por la sociedad mayoritaria; en otras oportunidades es denunciada por ella, y la mayoría de las veces es rechazada.

 

El enmascaramiento y el proceso que desencadena, no son neutros para la construcción de la identidad grupal de los discriminados; cada máscara la va cambiando en su esencia. Con el correr del tiempo, la superposición de sucesivos enmascaramientos, impide que se registren los mismos rasgos identificatorios y, entonces, estamos en presencia de otro proceso de autoadscripción, manifestado a través de una expresión distinta de la cultura. Esta nueva identidad da cuenta de lo perdido, tanto como de lo conservado y de lo recientemente adquirido, pero nada en estos complejos procesos, logra combatir la descalificación social.

 

Por esto, cuando a pesar de los mencionados intentos, el discriminado se ve igualmente rechazado, como si fuera portador de un estigma imborrable, su reacción se torna dañina contra sí mismo y contra su propio pueblo. Reacciona negativametne contra su adscripción etnocultural, la niega y la desvaloriza aún más. Es como el ejemplo que Fanon atribuía al colonizado: “al levantar el cuchillo contra su propio hermano, cree destruir de una vez y para siempre la imagen destestada del envilecimiento compartido”.

 

II.2. La resistencia

 

A esta conciencia asimilacionista y, hasta cierto punto, justificadora del comportamiento del discriminador, se opone una reacción opuesta, dentro del grupo socialmente degradado: La permanencia de las descalificaciones de su origen y su cultura, hacen que el discriminado entre en conflicto, se rebele, enfrente al grupo étnico antagónico, visualice como “enemigos” a todos sus miembros y arribe a un estadio de conciencia defensiva o de resistencia étnica.  

 

Todo conflicto interétnico genera un proceso de descalificaciones mutuas y de  simétrico antagonismo. Como respuesta al fenómeno discriminatorio, el grupo afectado reacciona con simétrica irracionalidad, en cuanto a los fundamentos de sus prejuicios.

 

Si para el criollaje los indígenas son “flojos, ignorantes y borrachos”, estos términos peyorativos y generalizables, se revierten y para la población indígena, los blancos o criollo, son “ladrones, embusteros y violentos”.  El pueblo mapuche llama al chileno “huinka”, término que proviene del verbo en mapudungum “”huinkalf” (robar) por lo cual el opositor étnico se perpetuo en el lenguaje, como el “ladrón”. Para el wichi-mataco del Chaco, el correspondiente sustantivo es ”ahat” (demonio) y así se podría continuar con múltiples ejemplos.

 

Conductas de esta naturaleza, fortalecen el racismo y sus conflictos, desarrollan comportamientos irreflexivos de enfrentamiento; transforman al “opositor étnico’’ invariablemente en “enemigo étnico” (incluso cuando se trata de miembros de un  sector social igualmente marginado y empobrecido). Asimismo, estas conductas obstaculizan posibles alianzas políticas dirigidas al acceso a una mayor participación económica y social.

 

II.3. La ‘reorientación’ de la conciencia étnica

   

Los estadios de conciencia étnica asimilacionista y descalificadora de la propia etnia, así como la resistencia étnica irreflexiva e irrestricta (propia de una conciencia defensiva) han contribuido históricamente a la permanencia del fenómeno discriminatorio, del racismo y la intolerancia. Se han manifestado a lo largo del tiempo, como caminos ineficaces en la búsqueda de una integración social igualitaria a las sociedades nacionales latinoamericanas (en términos de acceso de oportunidades y manteniendo la identidad y las particularidades culturales).

 

En la medida que subsistan descalificaciones absolutas y apriorísticas, es imposible que dos o más grupos sociales puedan encarar juntos la solución de conflictos estructurales o aliarse para enfrentar antagonismos comunes o para superar la pobreza y la exclusión política y social. Por el contrario,  tanto los intentos de asimilación como las conductas defensivas o de resistencia, han conducido a los sectores discriminados a la vulnerabilidad, la incapacidad de autorepresentación, la desmovilización o la autodestrucción.

 

En las últimas décadas, hemos sido testigos de un proceso paulatino de una toma de conciencia sobre estos procesos y sobre la necesidad de autoafirmación de la personalidad étnicamente diferenciada de los pueblos discriminados. Se trata de intentos inacabados de revitalizar las culturas marginadas, de dignificar la autoadscripción racial o étnica y la identidad cultural de las minorías. 

 

Estos intentos de reorientar la conciencia de pertenencia a un grupo socialmente descalificado,  hacia una autoafirmación étnica y cultural como PUEBLO, encontrarán alternativas de crecimiento y desarrollo, en la medida que las sociedades latinoamericanas, paralelamente, se lo permitan. En la medida que las sociedades mayoritarias de  nuestra Región, propicien avances en términos de pluralismo, de auténticas democracias y de desarticulación de prejuicios ancestrales.

  

 

III. El Tercer Milenio y los Pueblos Indígenas de nuestra Región

Se profundiza la discriminación y aumenta el deterioro económico y ambiental

 

 

En los umbrales del nuevo siglo, el problema de la extrema pobreza y la integración social continúa concentrando las preocupaciones de la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

 

El ajuste económico y la internacionalización de la economía, continúa produciendo profundas reestructuraciones tecnológicas, políticas y socio-culturales que agudizan las diferencias entre las subregiones y marginan a amplios sectores de la población. El desarrollo desigual, en el largo plazo, abre nuevas brechas de pobreza en el interior de cada organización social. 

 

En el marco de un modelo económico que produce situaciones recesivas recurrentes y restricciones del mercado de empleo, se recrudecen las descalificaciones prejuiciosas y aumenta la xenofobia frente a los grupos históricamente discriminados (sean indígenas, afrolatinos o migrantes internacionales pobres). Se exacerba la competencia frente a la reducción de las oportunidades de empleo y las desiguales presiones sobre el mercado de trabajo se estratifican, con base en discriminaciones de índole diversa (a veces, las conductas entocéntricas logran primar y poner en un segundo plano las calificaciones profesionales).

 

Estos fenómenos recientes (producto del paradigma de la globalización económica) se suman a los procesos históricos de etnocentrismo y prejuicio cultural. En especial, los procesos de estas características referidos a los pueblos indígenas, son de larga data y tienen su origen en la Conquista y la Colonia; pero se reproducen, se activan  y potencian ante cada nueva instancia de exclusión social y  marginación económica, como las que  el neoliberalismo y la globalización están produciendo en nuestra Región.

 

Paralelamente, en el plano exclusivamente cultural, la difusión de una ideología-sostén de conceptos macroeconómicos globalizantes propicia un proceso de “homogeneización” que intenta socavar la identidad pluricultural de un continente que alberga (junto a numerosas otras colectividades) a más de cuatrocientos pueblos indígenas. Pueblos que admiten diferencias étnicas entre sí, que expresan una rica diversidad de manifestaciones culturales y sobreviven en condiciones de marginalidad económica y social.

 

Algunos de estos pueblos originarios son de escasa significación numérica, muchos otros en cambio,  superan el cuarto de millón y en algunos países se constituyen en la población mayoritaria a nivel nacional. La población indígena total del continente se estima, actualmente, en 43 millones de individuos.   

 

Si bien, la situación de marginación y deterioro económico de los pueblos indígenas coincide casi en mucho con la situación de pobreza del conjunto de las economías campesinas, hay rasgos propios de su autoadscripción étnica que producen los fenómenos sociales de perjuicio e intolerancia y que agudizan su situación de pobreza extrema.

 

En las últimas décadas, el proceso de desarrollo tecnológico evidenciado en algunos sectores de la agricultura ha marginado, aún más, a los pueblos indígenas del circuito de la producción. Entre los campesinos originarios, el tránsito de la economía minifundista a una agricultura de alta productividad y autosostenibilidad, se ha visto impedido por factores de escasez de tierras y desamparo crediticio y técnico.

 

El deterioro ambiental se ha agudizado en muchas áreas geográficas de población indígena, cuya  sobrevivencia se inscribe en la defensa de los recursos naturales renovables. La preocupante situación de daño del medio-ambiente,  da cuenta de comportamientos culturales diversos (y muchas veces opuestos) que no sólo conciernen al desarrollo económico, sino también  a la organización productiva,  al sistema alimenticio y el autocuidado de la salud.  Para la mayoria de los pueblos indígenas el territorio y sus recursos naturales son ‘bienes de uso’ (se trata del habitat, del “espacio para la vida” del pueblo) y no un ‘bien de cambio’ (racionalidad propia de una empresa comercial de explotación extensiva).   

  

Las causas del recrudecimiento de la discriminación y el aumento del deteriorro ecónomico y ambiental, no son atribuíbles, exclusivamente, al ostensible fenómeno social del prejuicio étnico (esto sería una interpretación unilateral, una suerte de determinismo histórico). La explicación no sólo reside en las relaciones de desigualdad que se generan entre el centro y la periferia, entre el “atraso y la modernización”. Es preciso centrar el nivel de análisis, también, en la dinámica interna de los pueblos indígenas, sus liderazgos y sus comunidades.

 

En un contexto desfavorable para la sobrevivencia económica familiar (en la medida que ella se base exclusivamente en la producción agropecuaria), la tierra, símbolo-sostén de la identidad, se liga a cada joven que asume el mandato de sus antepasados, y continúa trabajando la parcela de sus padres y de sus abuelos. Ellos son los elegidos para mantener el “espacio para la vida", esa franja de tierra que ofrece sentido de pertenencia étnica y a la que periódicamente vuelven también los migrantes para mitigar, en parte, su involuntario desarraigo.

 

Estos jóvenes del campo y la ciudad se están transformando en las nuevas generaciones de dirigentes,  en ellos encuentran expresión las conductas y los valores de una cultura de enclave, donde conviven rasgos de una cosmovisión autóctona con un imaginario social modernizante. Los conflictos entre los antiguos y nuevos liderazgos no son pocos y se constituyen en una escisión comparable a la que en forma exógena han producido, durante décadas, los partidos políticos o las diversas iglesias y sectas religiosas, en todos los pueblos indígenas de nuestra Región.  

 

A veces, la persistencia de las condiciones de pobreza extrema se explica, también, por el impacto que en el largo plazo arroja el bajo grado de cohesión comunitaria, o por los múltiples e inacabados intentos de asimilación a la sociedad envolvente. Otras veces, esta persistencia se debe a una consciente voluntad política de negarse a una mayor participación, por el temor a perder la esencia de las particularidades étnicas y culturales (la participación social no es incompatible con la autonomía).

 

Todos estos fenómenos, de naturaleza opuesta, son el producto de la misma imperiosa necesidad de sobrevivir. Sobrevivir ‘como pueblo’ implica desarrollo económico autogestionado y pleno ejercicio de la propia identidad y de la autonomía cultural, sin temores a discriminaciones ni descalificaciones fundadas en el mero hecho de la ‘diferencia’.     

 

 

IV. Estrategia Regional-Integral de Disminución del Prejuicio Étnico y la Discriminación Cultural

 

Los gobiernos de la Región,  los formadores de la opinión pública, el sistema político y amplios sectores de la sociedad civil, continúan expresando sus preocupaciones por la necesidad de combatir las consecuencias negativas del la Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico en América Latina y el Caribe. Por esta razón, todas las Estrategias de Lucha contra la Pobreza, se plantean en el marco de ’un discurso’ de respeto por la  identidad  étnica y la idiosincrasia cultural.

 

A su vez, y luego de analizar las tendencias sociales y económicas del inicio de este nuevo Milenio para América Latina y el Caribe, resulta difícil imaginar futuros escenarios de sobrevivencia próspera, equitativa, autosostenible, con sustentabilidad ambiental y a la vez, respetuosa de la identidad y la cultura de los pueblos indígenas. Por eso, es necesario e imperioso visualizar  acciones sociales, de carácter complementario a las tendencias  del modelo económico vigente.

 

Pese a las claras tendencias globales en materia de homogeneización cultural, permanentemente surgen, en cada contexto nacional latinoamericano, intentos de superar el desafío. Muchos de estos intentos se ofrecen en el contexto de los pueblos indígenas: Si se adoptan las nuevas tecnologías productivas, se lo hace junto a una revalorización de las idiosincrásicas. Se reproducen procesos autónomos de organización comunitaria. Se desarrollan nuevos estadios de conciencia étnica que superan  los viejos mecanismos ocultos de resistencia autodestructiva, y todo ello, muchas veces redunda en mejores réditos económicos.

 

La sociedad política y la sociedad civil, no-indígenas, pueden apoyar estos procesos. Es preciso hacerlo en forma integral y coordinada, intentando reunir los esfuerzos gubernamentales, junto a la comunidad internacional, a las organizaciones no-gubernamentales y las asociaciones de la sociedad civil.  Esta suma de esfuerzos, liderada por las organizaciones indígenas (o, en coordinación con ellas, según los diversos contextos nacionales) podría conducir a la implementación de una Estrategia Integral para la Disminución de la Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico en América Latina y el Caribe. Esta Estrategia consensuada, se debería basar en orientaciones de carácter general que contemplen:

 

 

            * El de autodeterminación (como accionar de una comunidad en el proceso de constituirse en sujeto de su propio desarrollo) y

            * El de la autogestión (como instrumento de injerencia y aprendizaje de dicho accionar frente a los quehaceres concretos de la producción, el medio-ambiente,  la salud, la educación y la cultura).

 

 

 

Una Estrategia Regional e Integral de esta naturaleza, deberá inscribirse en un diseño de políticas públicas que se defina como un proceso de largo plazo,  y que contemple etapas a transitar. Estas fases o etapas se visualizan como necesarias en el proceso de implementación de los diversos lineamientos políticos orientados hacia la disminución de la  Discriminación Cultural y el Prejuicio Étnico. Serán de diversa temporalidad, a veces simultáneas o complementarias, según las características económicas, políticas y socioculturales de cada contexto nacional o subregional:

 

·        Revitalización de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas: Proceso en el que las sociedades nacionales y sus políticas públicas pueden contribuir, abriendo cada vez más espacios propicios para el desarrollo de las organizaciones étnicas, como actores sociales protagonistas de su propio desarrollo económico, social y cultural.

 

·        Una toma de decisiones de política comunicacional destinada a la disminución del prejuicio étnico y la discriminación cultural, de gran impacto en los medios de comunicación masivos: El prejuicio y la discriminación son fenómenos sociales experimentados, en forma masiva y constante, por miles de hombres y mujeres excluidos de una participación social y política plena. Son fenómenos provocados por conductas cotidianas de intolerancia, que a diario se expresan en los más amplios medios de comunicación, porque los formadores de opinión recrean prototipos aracicos de interpretación de las relaciones interculturales y su acontecer rutinario.  Por eso esta fase o etapa de la Estrategia Integral abre un largo y dificultoso proceso que apunta al imaginario social valórico de la población no-indígena, el que sólo se logrará llevar a cabo en la medida que exista un compromiso de pluralismo y tolerancia por parte de la clase política y de la sociedad civil en su conjunto.  

 

·        Destierro  de los mecanismos de defensa, irreflexivos e irrestrictos, hacia los valores y conductas de los pueblos históricamente discriminados: Como es propio de toda organización social, las comunidades indígenas practican  costumbres, creencias y normas de vida que impactan su accionar cotidiano y que no necesariamente benefician su sobrevivencia, ni deben ser admitidas o reivindicadas por el sólo hecho de ser propias de los pueblos indígenas. Será necesario propiciar instancias múltiples y permanentes de autocrítica, lideradas por las organizaciones y comunidades indígenas,  en constante diálogo,  negociación o consenso con la sociedad civil no-indígena (sobre todo, a nivel local).

 

·        Autoafirmación de la personalidad étnica y cultural diferenciada de los pueblos indígenas, en un contexto económico de autogestión y en un escenario cultural de autonomía: Deberán diseñarse nuevas políticas públicas de regulación económica y protección del patrimonio cultural y ambiental, a nivel local y central,  a través de la implementación de programas sociales y comunicacionales específicos. Estos programas estarán orientados a la generalización de la convivencia cultural igualitaria (equitativa en igualdad de oportunidades) de las sociedades indígenas y no-indígenas. La sociedad civil no-indígena también es víctima del ejercicio histórico de la  discriminación, ya que se priva a sí misma de una convivencia enriquecedora entre una y otra sociedad. Este ‘pre-juicio’ de descalificar ‘a piori’ la riqueza de la diversidad  cultural, priva a latinoamericanos y caribeños del goce de las expresiones más valiosas del pluriculturalismo indígenas de nuestra Región. En el fondo, ha limitado y sigue limitando la definitiva construcción de nuestra distintiva  identidad.

 

 



[1] Oficial Principal de Asuntos de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-Naciones Unidas) - Directora del Proyecto Regional de Bi-alfabetización en Temas Productivos, de Medio Ambiente, Género y  Salud Comunitaria (en especial, Salud Sexual y Reproductiva). – Las opiniones aquí vertidas no representan, necesariamente, la posición institucional.

[2] El 29 de diciembre de 1593, la Audiencia de Lima recibió orden de la capital del Reino: ...”de aquí en adelante castiguen con mayor rigor a los españoles que enjuiciaren, ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra los españoles”.  Asimismo, en 1537,  Pablo III por Bula Papal afirmaba que “los indios tenían alma y eran verdaderamente hombres” (aunque no desautorizaba la, por entonces, llamada “Guerra Justa”). Durante el Siglo XVII  y  más aún en el  XVIII proliferaron este tipo de argumentaciones reinvidicatorias de la dignidad e igualdad de los indígenas ante la ley. Paradójicamente, las matanzas continuaron durante décadas. En el Sur del Continente, se  agudizaron en pleno período republicano.  Sólo que, durante las “Campañas de Pacificación”, se ejecutaba a millares de indígenas considerados ”ciudadanos libres y con igualdad de derechos frente al Estado” (Bandos y Decretos Supremos de las constituciones de las Repúblicas, principios del Siglo XIX).     

[3] En la implementación de esta Estrategia una especial consideración merecerá el enfoque de equidad de género. Será necesario definir mecanismos de participación comunitaria que produzcan un quiebre en las conductas de fuerte subordinación femenina, que es preciso atender con especial rigurosidad y en forma atinada y paulatina, a fin de no provocar innecesarias fricciones interétnicas.  Un ejemplo de este enfoque lo constituye la labor de CEPAL a través de su Proyecto Regional de Bi-alfabetización en Temas de Género, Medio Ambiente, Producción y Salud (Ver: www.eclac.cl/bialfa)  aplicado en las áreas indígenas de cinco países de América Latina.

[4] Oficial Principal de Asuntos de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-Naciones Unidas) - Directora del Proyecto Regional de Bi-alfabetización en Temas Productivos, de Medio Ambiente, Género y  Salud Comunitaria (en especial, Salud Sexual y Reproductiva). – Las opiniones aquí vertidas no representan, necesariamente, la posición institucional.

[5] El 29 de diciembre de 1593, la Audiencia de Lima recibió orden de la capital del Reino: ...”de aquí en adelante castiguen con mayor rigor a los españoles que enjuiciaren, ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra los españoles”.  Asimismo, en 1537,  Pablo III por Bula Papal afirmaba que “los indios tenían alma y eran verdaderamente hombres” (aunque no desautorizaba la, por entonces, llamada “Guerra Justa”). Durante el Siglo XVII  y  más aún en el  XVIII proliferaron este tipo de argumentaciones reinvidicatorias de la dignidad e igualdad de los indígenas ante la ley. Paradójicamente, las matanzas continuaron durante décadas. En el Sur del Continente, se  agudizaron en pleno período republicano.  Sólo que, durante las “Campañas de Pacificación”, se ejecutaba a millares de indígenas considerados ”ciudadanos libres y con igualdad de derechos frente al Estado” (Bandos y Decretos Supremos de las constituciones de las Repúblicas, principios del Siglo XIX).     

[6] En la implementación de esta Estrategia una especial consideración merecerá el enfoque de equidad de género. Será necesario definir mecanismos de participación comunitaria que produzcan un quiebre en las conductas de fuerte subordinación femenina, que es preciso atender con especial rigurosidad y en forma atinada y paulatina, a fin de no provocar innecesarias fricciones interétnicas.  Un ejemplo de este enfoque lo constituye la labor de CEPAL a través de su Proyecto Regional de Bi-alfabetización en Temas de Género, Medio Ambiente, Producción y Salud (Ver: www.eclac.cl/bialfa)  aplicado en las áreas indígenas de cinco países de América Latina.